Quito, Ecuador.– El expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram Ortiz y su hijo Jacobo Bucaram Pulley fueron condenados a nueve años y cuatro meses de prisión por su participación, en calidad de colaboradores, en una estructura de delincuencia organizada vinculada con la comercialización de pruebas rápidas de Covid-19 durante la pandemia.
La sentencia fue emitida este miércoles 9 de septiembre por un tribunal de juicio de Pichincha, al concluir un proceso judicial que se extendió por más de seis años. El fallo todavía puede ser apelado.
Condena en Pichincha y opción de apelación
Según la Fiscalía, la estructura negoció y comercializó unas 21,000 pruebas rápidas para detectar el coronavirus, además de mascarillas y otros insumos médicos durante los primeros meses de la emergencia sanitaria de 2020.
La investigación también estableció que funcionarios de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito habrían facilitado el traslado de parte de la mercancía entre Quito y Guayaquil, utilizando vehículos y recursos vinculados con esa institución. Para sustentar la acusación, la Fiscalía presentó registros audiovisuales, información extraída de teléfonos celulares, documentos, fotografías y testimonios.
Pruebas Covid y red investigada
El caso involucró directamente a la familia Bucaram. Durante un allanamiento realizado el 3 de junio de 2020 en la vivienda de Abdalá Bucaram, en Guayaquil, fueron encontradas alrededor de 2,000 pruebas rápidas, 5,000 mascarillas y otros insumos médicos, elementos que posteriormente fueron incorporados a la investigación por delincuencia organizada.
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En cuanto a Jacobo Bucaram, la Fiscalía sostuvo que participó en la adquisición de las pruebas y lo vinculó con un pago de 321,600 dólares en efectivo por la mercancía, según los elementos presentados durante el proceso.
El tribunal también condenó al exagente de la AMT Leandro Berrones, considerado autor directo, a 13 años y cuatro meses de prisión, mientras que el ciudadano israelí Sheinman Oren recibió una pena de dos años y ocho meses tras ser beneficiado por su cooperación con la Fiscalía.
El proceso comenzó en 2020 y atravesó varias etapas, incluidas nulidades, apelaciones, sobreseimientos y nuevos llamados a juicio. El juicio finalmente se instaló en abril de 2025, mientras que la Fiscalía concluyó la presentación de sus pruebas en marzo de 2026 y expuso sus alegatos finales en mayo.
La lectura de la sentencia también sufrió varios aplazamientos, entre ellos por problemas de salud de Abdalá Bucaram, de 74 años, quien siguió de manera telemática la audiencia del 9 de septiembre desde una clínica de Guayaquil.
Además de la pena de prisión, el tribunal impuso a Abdalá y Jacobo Bucaram una multa equivalente a 20 salarios básicos unificados para cada uno, que en 2026 representa 9,640 dólares por persona.
La sentencia no es definitiva y puede ser recurrida ante instancias superiores de la justicia ecuatoriana.
