El Gobierno sometió al Congreso un presupuesto para 2027 que supone un precio de US$75.90 por barril de petróleo WTI. Posiblemente esta previsión descanse en la expectativa de que el conflicto del Medio Oriente concluya en pocos meses.
Uno de los mayores errores en política consiste en pecar de optimismo más allá de lo razonable respecto al desenlace de los acontecimientos. Inicialmente, Trump preveía una campaña de cuatro o cinco semanas. Se equivocó. Casi ocho meses después, el conflicto bélico continúa sin una solución política a la vista. Las condiciones militares, políticas y estratégicas mueven a pensar que la guerra contra Irán no está por terminar.
En septiembre, el Servicio de Investigación del Congreso estadounidense (CRS) caracterizó el enfrentamiento como una guerra de desgaste, destacando tanto las limitaciones iraníes como los costos que afrontan Estados Unidos y sus aliados para sostener las operaciones. Conflictos de esta naturaleza pueden durar años, incluso décadas, y convertirse en ocasiones en «conflictos congelados».
Ante esta situación, un presupuesto que proyecta un déficit de 3.4% del PIB, una inflación promedio de 4.5% y un crecimiento de 4.75% merece ser examinado bajo escenarios de precios petroleros considerablemente superiores. En abril, el FMI proyectaba para 2027 un precio de US$75.97 por barril (promedio de Brent, WTI y Dubai Fateh); sin embargo, en octubre elevó su previsión a US$87.39.
Convendría que los legisladores que estudian el proyecto de presupuesto de 2027 se formularan esta pregunta: ¿Qué ocurriría con la factura petrolera, el crecimiento económico, la inflación y el déficit fiscal dominicano si la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y el conflicto con los hutíes mantienen elevados los precios internacionales del petróleo durante 2027?
Hagamos un ejercicio con dos escenarios. Primero, tomemos como referencia la nueva proyección del FMI, de US$87.39 por barril. Segundo, supongamos un precio promedio equivalente al pagado por República Dominicana durante el primer semestre de este año: US$93.02. En ambos casos estimaremos el impacto sobre la factura petrolera y examinaremos sus posibles efectos sobre la inflación, el crecimiento y las finanzas públicas.
Esta distinción resulta indispensable porque el incremento de la factura petrolera no se convierte automáticamente en déficit fiscal. Una parte del costo recae sobre los consumidores y las empresas; otra puede ser asumida por el Estado, mientras que una fracción podría compensarse mediante mayores recaudaciones tributarias.
Si asumimos un consumo de 80 millones de barriles de petróleo y derivados en 2027 (es lo que se proyecta para finales de 2026), la factura petrolera aumentaría alrededor de US$735 millones en el primer escenario y US$1,096 millones en el segundo. Esos incrementos aumentarían el déficit comercial, obligarían a disponer de una mayor cantidad de dólares lo que presionaría el tipo de cambio.
En materia de inflación, la transmisión de los precios del petróleo dependerá de tres circunstancias: cuánto del incremento se traslada al consumidor, qué proporción absorbe el Gobierno y cómo reacciona el tipo de cambio.
Si añadimos el encarecimiento de los fletes, los fertilizantes, los alimentos importados y la electricidad, así como una eventual depreciación cambiaria, las presiones inflacionarias podrían intensificarse durante el próximo año.
Sobre el crecimiento económico, el presupuesto contempla una expansión real de 4.75%. Pero, el petróleo caro reduce el ingreso disponible de las familias, eleva los costos de producción y disminuye la rentabilidad de las inversiones. La prolongación de la guerra podría dificultar el cumplimiento de la meta oficial, especialmente si coincide con una inversión pública limitada y un deterioro de las condiciones financieras internacionales.
Respecto al déficit fiscal, la vulnerabilidad puede manifestarse por dos vías simultáneas: mayores subsidios y transferencias energéticas, y debilitamiento de la actividad económica. Aunque la inflación puede elevar los ingresos nominales, ello no garantiza una mejora de la recaudación real ni de la capacidad fiscal. Además, el superávit primario proyectado es reducido frente al tamaño potencial del choque. Con apenas 0.3% del PIB, existe poco margen para absorber un aumento persistente de los costos energéticos sin ajustar otras partidas o incrementar el endeudamiento.
Ante estos riesgos, convendría que las autoridades económicas evaluaran la sostenibilidad de sus políticas fiscales, monetarias y energéticas frente a perturbaciones internacionales persistentes. Ello exige transparentar los supuestos macroeconómicos, evaluar públicamente los riesgos y prever respuestas que protejan la estabilidad económica sin comprometer la inversión social. El Presupuesto 2027 debe incorporar escenarios y mecanismos de contingencia ante una guerra prolongada.
Juan Temístocles Montás
