SANTO DOMINGO. – La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), afirmó este lunes que el Ministerio Público no tolerará actos reñidos con la ley y exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad contra el patrimonio público.
“Desde el Ministerio Público no se va a tolerar ningún tipo de conductas que sean contrarias a la ley”, enfatizó Ortiz al referirse al proceso abierto contra el procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara, imputado de recibir 10,000 dólares de una persona bajo investigación.
Caso de Valdez Alcántara no afecta labor general
Ortiz aclaró que este caso es particular y no representa la actuación de los fiscales que trabajan diariamente con vocación y compromiso para construir una mejor sociedad.
Sobre los casos en los que ha trabajado Valdez Alcántara, la procuradora explicó que los procesos siguen su curso normal. “Ningún fiscal trabaja de manera aislada; todos los casos se manejan en equipos, Fuerzas de Tarea, donde cada miembro tiene pleno conocimiento y dominio de la investigación”, señaló.
Ciudadanos deben denunciar irregularidades
La funcionaria insistió en la importancia de la participación ciudadana para combatir la corrupción. “Instamos a toda persona que tenga conocimiento de un acto ilegal realizado por un funcionario público, en cualquier institución, a denunciar, porque esa es la única manera de proteger el patrimonio público y el buen nombre de la República Dominicana”, dijo.
Ortiz ofreció estas declaraciones durante un receso de la audiencia preliminar en el Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, en la que se conocen casos de corrupción administrativa contra Hugo Beras, José Ángel (Jochi) Gómez Cananaán y otros procesados.
- El domingo, el Ministerio Público solicitó que se imponga un año de prisión preventiva como medida de coerción contra Valdez Alcántara.
Antecedentes generales
La corrupción administrativa en República Dominicana ha sido un desafío persistente que afecta tanto el patrimonio público como la confianza ciudadana en las instituciones. Para combatir este fenómeno, el Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), ha desarrollado mecanismos de investigación y persecución de funcionarios involucrados en actos ilícitos.
En los últimos años, se han iniciado múltiples procesos contra servidores públicos acusados de recibir sobornos, malversar fondos o cometer irregularidades que vulneran la ley y el buen funcionamiento del Estado.
Entre estos casos recientes destaca el proceso contra el procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara, imputado por recibir 10,000 dólares de una persona bajo investigación, lo que ha puesto en evidencia la necesidad de reforzar la supervisión y la transparencia en la función pública.
