Durante esa conversación, «ofreció nuestro apoyo para ayudar a Venezuela a elaborar una hoja de ruta para el diálogo y la reconciliación, con los derechos humanos en el centro» del proceso, explicó.
El Alto Comisionado envió recientemente un equipo a Caracas, del 31 de enero al 4 de febrero, con el objetivo de preparar la reapertura de una oficina en el país.
Además de reunirse con las autoridades, el equipo pudo hablar con numerosas organizaciones de la sociedad civil, incluidos defensores de derechos humanos liberados recientemente y personas cuyos familiares siguen detenidos.
«Las discusiones continúan sobre el restablecimiento de nuestra presencia en el país», indicó Shamdasani.
En febrero de 2024, los miembros de la oficina del Alto Comisionado fueron expulsados de Caracas después de expresar su «profunda preocupación» por la detención de la abogada y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel.
Esta reconocida activista figura entre los presos liberados recientemente.
El gobierno interino venezolano prometió el 8 de enero, bajo presión de Estados Unidos, la liberación de un «número significativo» de detenidos.
Pero familias y oenegés denuncian la lentitud del proceso. La oenegé Foro Penal contabilizó 426 liberaciones desde el 8 de enero.
La Asamblea Nacional, por su parte, aplazó la sesión prevista para el martes en la que debía aprobarse la ley de amnistía que permitiría la liberación de los presos políticos.
Prometida bajo presión estadounidense por Delcy Rodríguez, la ley fue aprobada en primera lectura el jueves anterior y debía votarse el martes.
La sesión parlamentaria se aplazó sin nueva fecha.
«La ley de amnistía constituye un avance positivo para reforzar la cohesión social, la reconciliación nacional y la convivencia», comentó el martes la portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
«Sin embargo, sus disposiciones deben ajustarse a las normas internacionales de derechos humanos. La legislación debería abarcar a todas las personas detenidas arbitrariamente e inscribirse en una estrategia más amplia que incluya reparaciones, rendición de cuentas y la reforma del sistema judicial», añadió.
