Nuestro país tiene razones suficientes para dejar de postergar una decisión de salud pública que lleva años esperando: la aprobación e implementación del Etiquetado Frontal de Advertencia Nutricional (EFAN).
La semana pasada, las informaciones sobre los accidentes cerebrovasculares (ACV) volvieron a colocar sobre la mesa una horrible realidad. La prensa informó que se producen alrededor de 60 episodios diarios. Una cifra alarmante que obliga a preguntarnos cuánto estamos haciendo para prevenir enfermedades que comprometen la vida de nuestra población.
Se estima que una proporción importante de estos episodios puede prevenirse mediante el control de factores de riesgo como la hipertensión, la diabetes, la obesidad y las alteraciones del colesterol. Algunos de ellos están relacionados con los hábitos alimenticios y con un entorno que facilita el consumo excesivo de sodio, azúcares y grasas saturadas.
Estamos ante un asunto que no es exclusivamente médico. Es un problema de salud pública que requiere educación, prevención y decisiones institucionales. Por eso insistimos en el EFAN.
No sirve de nada recomendar una alimentación saludable si al consumidor no se le facilita identificar cuándo un producto contiene cantidades excesivas de componentes que pueden perjudicar su salud.
La información nutricional que aparece detrás de los envases suele ser difícil de interpretar. El consumidor no siempre dispone del tiempo ni de los conocimientos para descifrar porcentajes, porciones y términos técnicos mientras realiza sus compras.
El etiquetado frontal permite advertir, de manera clara y visible, cuando un alimento o bebida contiene exceso de azúcar, sodio o grasas saturadas. No prohíbe comprar ni impone una dieta. Ofrece información para que la libertad de elección sea verdaderamente informada.
En otras entregas hemos defendido que el derecho a la información no puede limitarse a conocer el precio o la marca de un producto. También implica conocer características que pueden tener consecuencias para nuestra salud.
La alimentación no es una decisión aislada de las condiciones del mercado. La publicidad, los precios, la disponibilidad y la presentación de los productos influyen en las elecciones de los consumidores, especialmente de niños y adolescentes.
No podemos continuar trasladando toda la responsabilidad a las familias mientras se posterga una herramienta que contribuiría a mejorar sus decisiones.
Mientras tanto, el Congreso mantiene pendiente una decisión que permitiría fortalecer el derecho de la población a recibir información comprensible. Cada aplazamiento prolonga una situación en la que los consumidores deben interpretar etiquetas complejas, mientras la promoción comercial resulta mucho más visible.
Tampoco es justo esperar a que sigan aumentando las enfermedades relacionadas con una alimentación inadecuada para reconocer que prevenir cuesta menos, en términos humanos y económicos, que atender sus consecuencias.
El EFAN no resolverá por sí solo estos problemas. Se necesita educación alimentaria, atención primaria, regulación de la publicidad dirigida a menores y políticas que favorezcan el acceso a alimentos adecuados. Pero constituye una herramienta importante dentro de una estrategia integral de prevención.
Tenemos que decidir si seguiremos reaccionando ante las consecuencias o asumiremos la prevención como una prioridad.
El derecho a la salud comienza antes de llegar a un hospital. También frente a una góndola, cuando una persona tiene que decidir cómo alimenta a su familia.
El consumidor no puede seguir siendo el último en enterarse de aquello que puede afectar su salud. La advertencia nutricional no es una amenaza para el mercado, es una garantía para las personas.
