EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Federación Nacional de Transporte Amigos de Peña Gómez (FENATRAPEGO) manifestó que no se opone a la implementación de la Revisión Técnica Vehicular que el Gobierno tiene previsto poner en marcha durante el primer trimestre del próximo año.
Sin embargo, considera necesario que las autoridades aborden con claridad la situación de las unidades denominadas «chatarras», que no lograrían superar las pruebas de inspección.
En ese sentido, el presidente del gremio, Eddy Francisco Sánchez, planteó la aplicación efectiva de la Ley 253-12, que establece un aporte de dos pesos por cada galón de gasolina adquirido por los transportistas, recursos que estarían destinados a facilitar la sustitución de las flotillas vehiculares deterioradas.
La entidad considera que esta iniciativa debe ejecutarse de manera equilibrada, con el propósito de avanzar hacia un sistema de transporte más seguro, organizado y eficiente en la República Dominicana.
Sánchez entiende que, antes de implementar esta medida, debe instalarse una mesa de diálogo entre las autoridades gubernamentales y los representantes del sector transporte, con el objetivo de buscar soluciones concretas para los propietarios y operadores de vehículos que no logren superar las pruebas de inspección técnica, especialmente aquellas unidades consideradas chatarras debido a su antigüedad y condiciones físicas.
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Expresó que el sector transporte está dispuesto a colaborar con las iniciativas que contribuyan a mejorar la seguridad vial y las condiciones del servicio. No obstante, considera que una disposición de esta naturaleza no debe implementarse sin tomar en cuenta la realidad económica que enfrentan miles de transportistas dominicanos.
Asimismo, el dirigente sindical reiteró la necesidad de aplicar efectivamente la Ley 253-12 como mecanismo para facilitar el cambio y la renovación de la flotilla vehicular envejecida que actualmente opera en el transporte público de pasajeros y de carga, cuyo porcentaje se estima en un 35 % del parque vehicular.
Explicó que la renovación de los vehículos no puede depender únicamente de exigencias y sanciones, sino que debe estar acompañada de políticas públicas, facilidades económicas, incentivos y mecanismos de financiamiento que permitan a los transportistas adquirir unidades modernas y en mejores condiciones.
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