Los aficionados al baloncesto conocen una expresión que describe bien lo que le ha ocurrido a Donald Trump: «se gardea solo». Se dice del jugador que pierde el balón sin que nadie lo presione. A pocos días de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, el presidente estadounidense parece haber cometido suficientes errores como para poner en riesgo las posibilidades electorales de su partido.
Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025 con tres promesas fundamentales: mejorar la economía, controlar la inmigración irregular y evitar nuevas guerras. La inflación había descendido respecto de sus niveles máximos y el crecimiento económico ofrecía condiciones favorables para gobernar. Pero su ofensiva arancelaria de abril de 2025 introdujo incertidumbre en los mercados, las deportaciones masivas afectaron sectores dependientes de la mano de obra inmigrante y la intervención militar contra Irán contradijo su discurso de prudencia internacional. En lugar de consolidar su ventaja política, abrió nuevos frentes de descontento.
El costo de la vida sigue pesando sobre los hogares estadounidenses. De poco sirve que un gobierno exhiba indicadores económicos favorables si las familias encuentran cada vez más difícil pagar la vivienda, los alimentos o los seguros médicos. Esa distancia entre las estadísticas y la realidad cotidiana suele decidir elecciones. Los demócratas tienen una oportunidad real de recuperar la Cámara de Representantes, aunque conquistar el Senado representa un desafío mayor, dadas las particularidades del mapa electoral y las contiendas en disputa.
Sería un error, sin embargo, confundir el desgaste de Trump con un respaldo entusiasta al Partido Demócrata. Ganar porque el adversario pierde el balón no significa necesariamente jugar mejor. Para construir una mayoría duradera, los demócratas necesitan responder a las inquietudes de millones de trabajadores que, durante años, escucharon hablar de prosperidad mientras sus comunidades perdían industrias, empleos bien remunerados y oportunidades de progreso.
La filósofa Nancy Fraser ofrece una explicación de esa desconexión. Con la expresión «neoliberalismo progresista», describe una alianza entre sectores económicos favorables a la financiarización y corrientes políticas centradas en el reconocimiento cultural. Su crítica no cuestiona los derechos reproductivos, la igualdad de género ni la lucha contra la discriminación. Advierte, más bien, que esos avances resultan insuficientes cuando conviven con salarios estancados, sindicatos debilitados y una concentración creciente de la riqueza.
En Cannibal Capitalism, Fraser profundiza su diagnóstico: la acumulación capitalista depende de condiciones que el mercado no puede producir por sí mismo. Necesita familias que asuman las tareas de cuidado, instituciones públicas que funcionen y recursos naturales que sostengan la producción. Sin embargo, la propia dinámica de acumulación tiende a deteriorar esas bases. La crisis del cuidado, la degradación ambiental y el debilitamiento democrático no son problemas aislados, sino manifestaciones de contradicciones económicas más profundas.
Un nuevo New Deal para el siglo XXI debería comenzar por garantizar la seguridad económica de las familias. Salarios dignos, negociación colectiva efectiva, vivienda asequible y atención médica accesible no pueden seguir siendo promesas secundarias. La política industrial debe recuperar empleos productivos, pero los subsidios públicos tendrían que estar condicionados a inversiones verificables, capacitación laboral y compromisos concretos con las comunidades, en lugar de limitarse a engrosar las ganancias empresariales.
El trabajo de cuidado también merece un lugar central. Guarderías accesibles, licencias familiares remuneradas y servicios adecuados para las personas mayores aliviarían responsabilidades que recaen desproporcionadamente sobre las mujeres. Se trata de vincular la igualdad de oportunidades con las condiciones materiales que permiten ejercerla, sin reducirla a una cuestión de representación simbólica.
La transición energética exige una visión semejante. Proteger el medioambiente no debería significar abandonar regiones industriales ni trasladar los costos del cambio a los trabajadores. Las inversiones en infraestructura, tecnología y energías limpias pueden generar nuevas oportunidades, siempre que las comunidades participen de sus beneficios.
Otra reforma impostergable consiste en limitar la concentración del poder corporativo. Combatir los monopolios, eliminar privilegios tributarios y reducir la influencia del dinero privado en la política permitiría recuperar parte de la autoridad democrática frente a intereses económicos que hoy condicionan numerosas decisiones públicas.
Nada de esto obliga a los demócratas a renunciar a la defensa del derecho al aborto o de las libertades civiles. Lo que exige es superar la falsa disyuntiva entre reconocimiento y redistribución. Una mujer puede tener sus derechos formalmente reconocidos y, al mismo tiempo, carecer de recursos para pagar el alquiler o cuidar de sus hijos. La igualdad también debe reflejarse en las condiciones económicas de la vida cotidiana.
Esta propuesta necesita, además, credibilidad fiscal. Prometerlo todo sin explicar cómo financiarlo supondría repetir los mismos errores que se pretende corregir. Una reforma tributaria progresiva, una evaluación rigurosa del gasto y una inversión pública orientada a elevar la productividad permitirían conciliar la justicia social con la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo.
Franklin D. Roosevelt comprendió que la crisis de los años treinta exigía reconstruir la relación entre el Estado, el capital y los trabajadores. El desafío actual es distinto, pero requiere una ambición comparable. Trump puede haberse gardeado solo, pero eso no garantiza que los demócratas anoten. Su tarea consiste en ofrecer un proyecto político y económico que devuelva a los estadounidenses la confianza en que el trabajo, el esfuerzo y la participación democrática todavía pueden traducirse en una vida mejor.
