EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El abogado Juan Tomás Vargas de Camps, representante de una de las víctimas del derrumbe de la discoteca Jet Set, sostuvo que el recurso de apelación interpuesto contra la decisión que varió la calificación jurídica del caso debería ser declarado inadmisible, al considerar que la resolución no absolvió, condenó ni puso fin al proceso.
“Lo que puede apelarse son las decisiones de absolución o condena o las que ponen fin a un proceso”, explicó el jurista durante una entrevista en el programa Reseñas, de la plataforma El Nuevo Diario Podcast.
Vargas de Camps argumentó que, contrario a poner fin al expediente, la decisión permitió que el proceso continuara bajo una calificación jurídica distinta y fuera remitido a un tribunal colegiado.
“¿Hubo absolución? No. ¿Hubo condena? No. ¿Se le puso fin al proceso? Todo lo contrario, se abrió el proceso”, manifestó.
Según explicó, la defensa de los hermanos Espaillat solicitó a la Corte de Apelación del Distrito Nacional revocar y declarar nula la resolución emitida por el juez, alegando supuestas violaciones al principio de legalidad penal, la seguridad jurídica, el debido proceso, la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa.
El abogado rechazó esos argumentos y aseguró que las partes tuvieron oportunidad de conocer y responder al planteamiento sobre la variación de la calificación jurídica antes de que el tribunal adoptara su decisión.
Calificación jurídica
Vargas de Camps explicó que el proceso había llegado inicialmente a juicio bajo la calificación de homicidio involuntario, pero que durante el conocimiento del caso fueron presentadas solicitudes para que los hechos fueran examinados bajo la figura del dolo eventual.
Indicó que antes de tomar su decisión el juez había escuchado a unos 15 testigos, tres peritos y conocido pruebas documentales, entre ellas mensajes de WhatsApp y videos incorporados al proceso.
A juicio del abogado, esos elementos llevaron al magistrado a considerar que los hechos podían superar el ámbito de una simple negligencia o imprudencia.
“El juez observó circunstancias de hecho que derivaban de la prueba producida que le decían: ‘Esto no es una simple negligencia’”, sostuvo.
Precisó, sin embargo, que la decisión no constituye una condena ni establece de manera definitiva la existencia de dolo eventual, debido a que será responsabilidad del tribunal que conozca el juicio determinar la culpabilidad de cada uno de los imputados.
“El juez no está diciendo que el dolo eventual está confirmado, está diciendo que ve elementos que pueden ser”, señaló.
Vargas de Camps agregó que la responsabilidad penal deberá demostrarse de manera individual durante el proceso.
“Tenemos que demostrar la culpabilidad de cada uno de ellos en particular. La culpabilidad no es en ramillete”, expresó.
Juicio comenzaría en diciembre
El jurista indicó que el nuevo juicio está pautado para iniciar en diciembre y reiteró que corresponderá al Ministerio Público y a los abogados querellantes presentar los elementos necesarios para demostrar las responsabilidades individuales.
También señaló que el proceso podría tener repercusiones más allá del caso Jet Set, al entender que una eventual decisión establecería mayores responsabilidades para propietarios y administradores de establecimientos abiertos al público.
“Los dueños de establecimientos van a saber que ellos son garantes de la vida de las personas que visitan esos establecimientos”, afirmó.
A su juicio, el caso podría convertirse además en una decisión de carácter “pedagógico” respecto a las obligaciones de quienes administran lugares donde se concentra un número importante de personas.
Vargas de Camps insistió en que será el tribunal que conozca el fondo del proceso el encargado de determinar si existen los elementos suficientes para establecer responsabilidad penal bajo la nueva calificación jurídica.
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