Entre 2014 y 2015, mi papá enfermó. Quedó sin habla (por lo que parecía un derrame cerebral) y, tras la llamada de mami, me trasladé hasta casa para llevarlo a emergencias. Justo ahí comenzó mi peregrinaje por al menos cinco hospitales públicos del Distrito Nacional, buscando una atención que se supone es un derecho, no un privilegio reservado para quienes pueden pagarla.
Antes de eso, en la Plaza de la Salud, un médico al que todavía considero una joya de ser humano me llevó a una esquina para explicarme que su seguro médico no estaba funcionando. Mi papá, pensionado de la base naval de la Marina de Guerra, aparentemente tampoco tenía garantizada la cobertura médica que debía recibir, pese a que se la descontaban de su pensión.
Angely Moreno
El médico fue sincero: si lo atendían allí, la factura podía ascender a 100,000 pesos. Mejor llevárselo.
Yo, una estudiante asalariada, me lo llevé.
En mi Toyota Vitz recorrí cinco hospitales, desde la mañana hasta el atardecer. Subía y bajaba a mi papá del vehículo mientras buscaba asistencia. En cada emergencia, él era, sin exagerar, de los pacientes que mejor se veían. Delante de nosotros esperaban decenas de personas, algunas en condiciones alarmantes, con enfermedades catastróficas, terminales y cáncer, en turnos que superaban los cien pacientes.
Finalmente, mi papá pudo hablar. Y me dijo: «Llévame para la casa». Totalmente derrotada, me lo llevé.
Así conocí, en carne propia, el rostro de un sistema de salud que puede convertir una emergencia médica en una carrera de obstáculos y a una hija desesperada en ambulancia, enfermera y gestora de referencias improvisada.
Era el último período de Danilo Medina. Recuerdo la intervención simultánea de hospitales públicos y cómo, desde entonces, percibí un deterioro que nunca he visto revertirse de manera sostenida. Porque en República Dominicana la salud pública parece tener una especialidad: sobrevivir a sus propias autoridades.
Lo ocurrido esta semana en el hospital Salvador B. Gautier, donde un hombre clamó por asistencia para su esposa gravemente enferma, me devolvió a aquel recorrido. Años atrás denuncié las condiciones insalubres de sus pasillos, baños y quirófanos. Pacientes obligados a comprar gasas, alcohol y guantes para poder ser atendidos. ¡Qué eficiencia! El Estado pone el hospital; el enfermo, los insumos, el dinero y, si puede, hasta la paciencia.
Y entonces aparecen las cámaras, se denuncia el caso y quizá alguien resuelve dos o tres situaciones. Se celebra la excepción mientras el resto continúa esperando. Como si el derecho a la salud dependiera de hacerse viral.
Pero tampoco durante los seis años del Gobierno actual se ha producido el cambio prometido. El Salvador B. Gautier sigue siendo un chiquero maloliente, deteriorado y hostil, una imagen brutal de lo que el Servicio Nacional de Salud reserva para los pobres en República Dominicana. Seis años han sido suficientes para inaugurar discursos, anunciar transformaciones y repartir explicaciones; no para garantizar baños dignos, insumos básicos, atención oportuna y condiciones mínimas de humanidad.
¿Cuántas denuncias más hacen falta? ¿Cuántos pacientes deben suplicar, cuántas familias deben endeudarse y cuántas personas deben volver a casa sin recibir atención para que dejemos de llamar «casos aislados» a una tragedia repetida?
Un sistema de salud no puede funcionar a golpe de escándalo ni depender de que un periodista lo exhiba para que un funcionario recuerde sus obligaciones.
La salud pública tampoco puede depender de quién grita más frente a una cámara para mendigar atención.
Yo todavía recuerdo a mi papá diciéndome que lo llevara a casa. Recuerdo el recorrido, la impotencia y las puertas que no se abrían. Por eso, cuando veo a otra familia suplicando atención, no veo un video viral: veo una historia que este país lleva años repitiendo. Y una pregunta que ningún Gobierno ha respondido: ¿quién se hace responsable cuando el hospital no salva, no atiende y tampoco responde?
El único servicio que parece funcionar sin interrupciones es el de las excusas.
