EL NUEVO DIARIO, CALI, COLOMBIA.– La especialista dominicana Stephany Rosario advirtió que las reformas de contratación pública deben ajustarse a la capacidad real de las instituciones y facilitar la formalización de proveedores locales, para que las compras del Estado contribuyan al desarrollo económico de las comunidades.
«Yo no puedo seguir haciendo reglas para que no se cumplan», afirmó la fundadora y líder de FORLEX Firma Consultora durante su participación en el IV Congreso Internacional de Contratación Pública, celebrado en Cali, Colombia, donde representó a República Dominicana en el panel «Reformas institucionales y regulatorias para consolidar la profesionalización de la compra pública».
Rosario explicó que profesionalizar las contrataciones públicas no consiste únicamente en impartir cursos o entregar certificaciones a los servidores públicos, sino en fortalecer las capacidades de todos los actores que intervienen en los procesos, incluidos los comités de compras, los peritos y las unidades técnicas.
También señaló que el sistema debe contar con estructuras capaces de mantener su funcionamiento a pesar de los cambios de gobierno, sin depender exclusivamente de las personas que ocupan los cargos.
La especialista cuestionó que se apliquen las mismas exigencias a instituciones con recursos y capacidades diferentes. Como ejemplo, recordó que República Dominicana cuenta con 158 municipios y más de 200 distritos municipales, cuyas condiciones administrativas no son iguales a las de los ministerios.
«Un ministerio puede tener departamento jurídico, unidad de planificación y equipos técnicos especializados. Una pequeña junta distrital, no», sostuvo.
Para ilustrar esa diferencia, expuso el caso de una junta distrital que necesita comprar materiales de construcción y encuentra en su comunidad una ferretería capaz de suministrarlos, pero que no está formalizada para contratar con el Estado. Esa situación puede obligar a realizar la compra en otra localidad, posiblemente a un costo mayor.
Rosario consideró que las políticas de contratación deben tomar en cuenta esas realidades, promover la formalización de los negocios locales y permitir que el gasto público también impulse la actividad económica de las comunidades.
Al referirse a la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas que sustituye el marco vigente desde 2006, afirmó que la aprobación de una nueva legislación no transforma por sí sola el sistema. Indicó que su aplicación requiere cambios en las prácticas institucionales, fortalecimiento de las capacidades de los organismos públicos y adaptación de los proveedores a las nuevas exigencias.
La especialista reconoció los avances alcanzados por República Dominicana en materia de compras públicas y señaló que estos son valorados en escenarios internacionales, aunque en el país persistan críticas. A su juicio, esos progresos representan una oportunidad para continuar fortaleciendo las instituciones.
El panel fue moderado por Enrique Díaz Bravo, de la Universidad de Sevilla y la Red Iberoamericana de Contratación Pública (REDICOP), y contó con la participación de Juan José Pernas García, de la Universidad de la Coruña, España; Liz María Centurión, de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas de Paraguay; Luis Ferney Moreno Castillo, de la Universidad Externado de Colombia, y Aníbal Rodríguez Letelier, decano de Derecho de la Universidad Santo Tomás de Chile.
El IV Congreso Internacional de Contratación Pública fue organizado por la Universidad de San Buenaventura, sede Cali, y REDICOP, con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Observatorio de Contratación Pública y la Agencia Nacional de Contratación Pública de Colombia, Colombia Compra Eficiente. El encuentro reunió a especialistas, académicos y representantes institucionales de Iberoamérica para debatir sobre modernización normativa, fortalecimiento institucional, profesionalización, innovación y valor público.
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