EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) estableció nuevas reglas para supervisar a los proveedores del Estado, sancionar incumplimientos y fortalecer la transparencia en las compras públicas, mediante un reglamento que también fija procedimientos para seleccionar suplidores, controlar precios y organizar la adquisición de bienes y servicios por las instituciones gubernamentales.

El Reglamento núm. DGCP-SNCP-06-2026, emitido el 12 de octubre de 2026, regula la gestión de los convenios marco y la tienda virtual para adquirir bienes y servicios comunes y estandarizados, en aplicación de la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas y su reglamento general.

La normativa faculta a la DGCP para planificar y supervisar los procedimientos de convenios marco, evaluar a los proveedores, administrar la tienda virtual y establecer especificaciones técnicas estandarizadas. También le permite realizar estudios de mercado y de las necesidades de las instituciones públicas, así como autorizar excepciones al uso obligatorio de esa plataforma cuando existan razones justificadas.

Entre los controles establecidos figura la evaluación de los proveedores según la calidad de los bienes y servicios, el cumplimiento de los plazos de entrega y las obligaciones contractuales. Ante incumplimientos, podrán aplicarse medidas como la suspensión, la exclusión del catálogo electrónico, la ejecución de garantías y la terminación de contratos, sin perjuicio de otras responsabilidades que correspondan. Estas medidas deberán respetar el debido proceso y el derecho a la defensa.

El reglamento también dispone que la tienda virtual mantenga información actualizada sobre los productos y servicios disponibles, sus características, precios, proveedores autorizados, garantías, cobertura y condiciones de entrega. Las operaciones deberán quedar registradas para facilitar su seguimiento, control y auditoría, mientras que el acceso a la información será gratuito, con las excepciones previstas por la ley.

La selección de los proveedores se realizará mediante procedimientos de licitación pública e incluirá estudios del mercado y análisis de la oferta y la demanda. Asimismo, la normativa contempla la posibilidad de cancelar procesos por causas justificadas, como cambios importantes en las condiciones técnicas, económicas o presupuestarias, falta de ofertas elegibles o indicios de colusión, conflictos de intereses y otras conductas impropias.

Las instituciones públicas deberán adquirir a través de la tienda virtual los bienes y servicios disponibles en convenios marco vigentes. Cuando un artículo no esté disponible o exista una alternativa más conveniente para el interés público, se requerirá la justificación correspondiente y cuando aplique, la autorización previa de la DGCP.

Otro de los puntos de la normativa es la reserva de al menos el 30 % de la capacidad de los convenios marco para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), incluidas las dirigidas por mujeres y las mipymes industriales. Para facilitar su participación, la DGCP podrá establecer mecanismos por lotes, regiones o segmentos, así como incentivos.

El documento también establece procedimientos para incorporar nuevos proveedores y productos o servicios, actualizar y monitorear los precios, y responder ante problemas de competencia o dificultades de abastecimiento. Los convenios marco tendrán una duración máxima de dos años y podrán extenderse por hasta dos años adicionales, siempre que se justifique por las condiciones existentes y el interés público, y se cuente con la aceptación de los proveedores.

En la aplicación del reglamento participarán, dentro de sus respectivas competencias, el Ministerio de Hacienda y Economía, la Dirección General de Presupuesto, la Contraloría General de la República y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Sus funciones abarcan aspectos presupuestarios, control, auditoría y acompañamiento preventivo frente a riesgos relacionados con la integridad y la corrupción.

La disposición consta de 74 artículos que establecen las reglas técnicas, operativas y procedimentales para gestionar los convenios marco y las compras mediante la tienda virtual del Estado.

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