EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Gobierno dominicano destacó los avances alcanzados en la lucha contra la trata de personas, tras el ascenso de República Dominicana al Nivel 2 en el Informe sobre la Trata de Personas de 2026 del Departamento de Estado de Estados Unidos, y atribuyó la clasificación al fortalecimiento de las acciones legales, judiciales, preventivas y de asistencia a las víctimas.
Entre las medidas señaladas por las autoridades figura la modificación de la Ley núm. 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, con el propósito de eliminar el requisito de demostrar fuerza, fraude o coacción en los delitos de trata que involucran a menores de edad, en consonancia con los estándares internacionales, especialmente en los casos de explotación sexual.
El Gobierno también destacó la aprobación y asignación de presupuesto nacional al Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2025-2028, así como la adopción de la Resolución núm. 13-2024, que establece un procedimiento para entregar tarjetas de identificación a personas apátridas.
Asimismo, informó que durante el proceso de modificación de la Ley núm. 137-03 fueron consultadas organizaciones de la sociedad civil y personas sobrevivientes de trata. También resaltó la aplicación del artículo 25 del Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, que contempla sanciones para la entrega o explotación de menores de edad.
Investigaciones y procesos judiciales
En el ámbito de la persecución penal, las autoridades reportaron el inicio de 229 investigaciones por trata de personas y el procesamiento de 50 sospechosos bajo la legislación especial que sanciona este delito.
El Gobierno también señaló que fueron investigados ocho funcionarios presuntamente vinculados con actos de complicidad y que se iniciaron procesos judiciales contra tres de ellos, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad.
Estas acciones forman parte de los esfuerzos institucionales que las autoridades destacan para fortalecer la aplicación de la ley y perseguir a quienes participan en redes de trata de personas o facilitan sus operaciones.
Más inspecciones laborales y registro de trabajadores
En materia de prevención y supervisión laboral, el Gobierno informó que el Ministerio de Trabajo realizó 1,050 inspecciones en sectores considerados vulnerables a la explotación, entre ellos la agricultura, la construcción y la industria azucarera.
Según los datos ofrecidos, estas intervenciones dieron lugar a la suspensión de las actividades de 11 empresas privadas en las que se detectaron indicios de trabajo forzoso.
De igual manera, las autoridades destacaron los resultados de un programa piloto de registro migratorio que permitió formalizar a más de 7,400 trabajadores mediante contratos laborales, con el objetivo de reducir su vulnerabilidad frente a la explotación y contribuir a garantizar su libertad de movimiento.
Identificación y protección de víctimas
En cuanto a la asistencia, el Gobierno reportó la identificación de 136 víctimas de trata de personas, de las cuales 134 recibieron atención integral financiada por el Estado.
Los servicios ofrecidos incluyeron atención médica y psicológica, asesoría legal y traducción. Además, las autoridades señalaron que, mediante la coordinación entre la Procuraduría General de la República, el Ministerio de la Mujer y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), se mantuvieron en funcionamiento refugios especializados y se garantizó protección a víctimas y testigos durante los procesos judiciales.
El balance gubernamental también destacó la realización de campañas preventivas en varios idiomas y la capacitación continua del personal encargado de atender y perseguir los casos de trata.
Las autoridades consideran que estas medidas reflejan el fortalecimiento de la respuesta institucional frente a este delito, mediante acciones que abarcan la prevención, la investigación, el procesamiento judicial y la protección de las personas afectadas.
El nivel 2 del informe estadounidense corresponde a los países cuyos gobiernos no cumplen plenamente con los estándares mínimos establecidos por la Ley de Protección de las Víctimas de la Trata de Personas de Estados Unidos, pero realizan esfuerzos significativos para ajustarse a ellos. Por tanto, esta clasificación reconoce esfuerzos gubernamentales, aunque no implica que el país haya cumplido todos los estándares exigidos para combatir el delito.
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