El presidente Luís Abinader recibió la mañana de este miércoles el Estudio de la OCDE sobre integridad en la República Dominicana. Implementar una visión estratégica para la integridad pública y anticorrupción. En ese marco, el mandatario aseguró que «la integridad no puede depender únicamente de las leyes«. Entiende que es necesario aprobar mejores normas, crear controles más sofisticados e incorporado tecnología y aumentado la fiscalización, como asegura se ha hecho, «Pero la verdadera transformación ocurre cuando la integridad deja de ser solamente una obligación y se convierte en una cultura«, aseguró.
Insistió en que la pulcritud en el manejo de la cosa pública será una realidad «cuando hacer lo correcto no depende de que alguien nos esté observando; cuando administrar dinero público se entiende como administrar el esfuerzo de millones de ciudadanos; cuando un cargo público se deja de ver como un privilegio y se entiende como lo que verdaderamente es: una responsabilidad temporal al servicio de los demás«.
Ahí invitó a la sociedad civil y a la ciudadanía a compartir la responsabilidad para crear esa cultura, pues la misma «tampoco puede construirse solo desde el gobierno«. En ese sentido destacó que el estudio presentado en el palacio es parte de la Estrategia Nacional de Integridad Pública, la cual ha contado con instituciones del Estado, con la sociedad civil, ciudadanía, territorios y otros sectores. Para llegar a las conclusiones que tiene el documento se realizaron diez jornadas presenciales de consultas en diferentes puntos del país, se recibieron aportes para fortalecerla, «porque la integridad pública debe ser una tarea compartida», indicó.
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El estudio de la OCDE indica que en cuanto al sistema de integridad «la República ha establecido un marco legal e institucional de integridad, pero la coordinación interinstitucional sigue siendo, en gran medida, informal. La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) desempeña un papel fundamental; sin embargo, fue creada por decreto y carece de garantías legales que aseguren su independencia. Es necesario realizar esfuerzos para fomentar una cultura de integridad en toda la administración pública, incluidos los municipios». Por lo cual la organización internacional recomienda. Establecer una plataforma de coordinación interinstitucional formal y permanente, así como un sistema nacional de integridad a cargo de la DIGEIG. De igual forma transformar las Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo de las entidades públicas en unidades especializadas en integridad y brindar apoyo para llegar a las administraciones locales. Y además desarrollar una estrategia nacional de integridad para definir las prioridades estratégicas y fomentar la coordinación interinstitucional.
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A pesar de que este documento presenta otras recomendaciones, el presidente Abinader afirmó que no se ha llegado al final de un proceso. «Realmente estamos llegando al comienzo de una nueva etapa. Una etapa en la que debemos pasar del diagnóstico a la acción, de las recomendaciones a las reformas, y de las reformas a resultados que los ciudadanos puedan comprobar. Ese es nuestro compromiso: seguir fortaleciendo instituciones que no dependan de una persona, de un gobierno ni de una coyuntura; instituciones que permanezcan, porque los gobiernos pasan, los presidentes pasan, pero las instituciones quedan. Y quizás sea una de las responsabilidades más importantes que tenemos quienes ocupamos temporalmente el poder: dejar siempre unas instituciones mejores que las que encontramos. Así de simple, pero también así de transformador«.
