EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El comunicador Eduardo Martínez cuestionó este miércoles las prácticas laborales y comerciales que, según afirmó, se registran en algunos establecimientos dirigidos por ciudadanos chinos en República Dominicana, al considerar que es necesario examinar sus aportes a la economía nacional y el cumplimiento de las leyes dominicanas.
Martínez hizo referencia a actuaciones del Ministerio de Trabajo y del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) contra establecimientos comerciales, señalando que estas instituciones han adoptado medidas ante presuntas irregularidades.
Sostuvo que las autoridades deben prestar atención a las condiciones laborales de los empleados de esos negocios, al afirmar que, en muchos casos, predomina la contratación de ciudadanos extranjeros, particularmente chinos y haitianos, mientras que la participación de trabajadores dominicanos sería reducida.
El comentarista se expresó en estos términos al participar en el programa que produce “El Nuevo Diario en la Tarde”, transmitido a través de la plataforma digital de “El Nuevo Diario TV”.
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Asimismo, denunció presuntos casos de maltrato, remuneraciones insuficientes y condiciones laborales desfavorables para los dominicanos empleados en esos establecimientos, por lo que consideró necesario verificar el cumplimiento de las disposiciones laborales vigentes.
Martínez también cuestionó el impacto económico de las operaciones comerciales de algunos negocios dirigidos por ciudadanos chinos y planteó la necesidad de evaluar su contribución al país, especialmente en materia de generación de empleos para dominicanos y cumplimiento de sus obligaciones legales.
Aclaró que sus planteamientos no buscan promover la xenofobia ni el odio racial, sus declaraciones incluyeron comparaciones generalizadas entre ciudadanos chinos y haitianos en relación con su presencia en el territorio dominicano.
En ese contexto, insistió en que las autoridades deben investigar las posibles irregularidades y garantizar que todos los establecimientos comerciales que operan en el país cumplan con las normas laborales, comerciales y de protección al consumidor.
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