EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Fuerza del Pueblo (FP) propuso este martes al Gobierno implementar un plan nacional frente al período de sequía que afecta la disponibilidad de agua para consumo humano, agricultura y ganadería, con medidas preventivas, responsables, cronogramas y recursos definidos.
La propuesta fue presentada durante una rueda de prensa por Hamlet Otáñez, titular de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento de la FP, y Arturo Socías, titular de la Secretaría de Gestión de Cuencas Hidrográficas de esa organización, según detalla un comunicado.
Otáñez afirmó que el Gobierno conocía los riesgos asociados a la reducción de las precipitaciones y cuestionó que, a su juicio, no se estableciera una partida preventiva específica para enfrentar una eventual sequía en el Presupuesto General del Estado de 2026.
La Dirección General de Presupuesto (Digepres) tiene publicada la Ley de Presupuesto General del Estado para 2026 y, posteriormente, la Ley 43-26, que modificó el presupuesto de ese año.
La posición de la FP se produce mientras las autoridades mantienen medidas de seguimiento sobre la disponibilidad del recurso hídrico.
El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) informó el 2 de septiembre que el Comité de Operación de Presas y Embalses (Copre) mantenía un monitoreo permanente de los niveles, caudales de entrada y volúmenes almacenados en las principales presas, ante una proyección de déficit de lluvias entre septiembre y noviembre.
El organismo indicó que la operación de los embalses fue ajustada para priorizar el abastecimiento de los acueductos y la demanda de riego, conforme a la disponibilidad de agua y las condiciones meteorológicas.
Días después, el Indrhi informó que continuaba aplicando medidas para garantizar el uso eficiente del agua disponible ante las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño. Según la institución, el Copre se reúne semanalmente para evaluar la situación y adoptar medidas sobre el agua almacenada en los embalses.
Ante este escenario, Otáñez planteó la creación de una reserva financiera específica para disponer de recursos destinados a la habilitación de pozos, reparación de bombas y tuberías, instalación de tanques y otras acciones de abastecimiento de emergencia.
También propuso activar planes de contingencia en las instituciones responsables del suministro de agua, monitorear semanalmente las fuentes, producción, demanda y riesgos de déficit, así como ejecutar un programa para reducir las fugas y pérdidas en las redes.
El dirigente señaló que también sería necesario rehabilitar pozos y fuentes alternativas, acelerar la interconexión entre sistemas y aumentar la capacidad de almacenamiento.
La FP planteó que estas medidas deben ejecutarse antes de que las fuentes alcancen niveles críticos.
Por su lado, Socías propuso implementar un plan de sequía por cuencas hidrográficas y priorizar la protección y restauración de las zonas productoras de agua.
Entre las medidas planteadas figuran combatir la extracción ilegal de materiales de los ríos y los vertidos contaminantes, coordinar con las juntas de regantes el uso del agua y los calendarios de siembra, reparar canales, compuertas y reservorios, y publicar semanalmente información sobre la cantidad y calidad del agua disponible.
El Indrhi informó en julio que desarrolla un programa de capacitación y asistencia técnica con las juntas de regantes para mejorar la gestión del agua y la eficiencia del riego agrícola.
Socías también mencionó el proyecto multipropósito de Monte Grande y sostuvo que aún requiere componentes para aprovechar de manera integral el agua almacenada, particularmente en materia de conducción y riego.
Sobre la presa de Hatillo, señaló que las informaciones sobre cambios de coloración, presencia de algas y posibles problemas de calidad del agua requieren seguimiento e información pública.
Otáñez sostuvo que las autoridades habían recibido advertencias sobre el riesgo de estrés hídrico desde 2025 y cuestionó que estas previsiones, según afirmó, no se tradujeran en un plan preventivo específico.
La FP también afirmó que la asignación presupuestaria destinada al riego para 2026 fue 17.7 % inferior a la presupuestada en 2025. Esta comparación corresponde a un señalamiento de la organización política y debe distinguirse de los datos oficiales de ejecución presupuestaria, que la Digepres publica de manera periódica.
La organización sostuvo que la respuesta a la sequía debe combinar el manejo de las cuencas, la administración de los embalses, la reducción de pérdidas en las redes y la planificación del abastecimiento para consumo humano y producción agrícola.
Al concluir, Otáñez resumió la propuesta de la FP con el planteamiento de que “el agua debe administrarse antes de que falte, no después de que la crisis ya esté en las casas de la gente”.
La Fuerza del Pueblo reiteró su solicitud de que el Gobierno presente un Plan Nacional frente a la Sequía con medidas, responsables, metas, cronograma y recursos identificados.
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