En una sociedad de “expertos” que hablan de todo —muchos de ellos empíricos— se hace necesario hablar con responsabilidad profesional de uno de los temas más sensibles para el Estado y la sociedad: la seguridad, cuyo debate debe abordarse con rigor académico y un marco teórico que permita comprender su alcance, evolución y relación con la vida colectiva.

En el ámbito de las ciencias, el concepto de seguridad. es debatido y carece de definición uniforme, ya que distintas escuelas de pensamiento lo interpretan de manera diversa. Sin embargo, una conceptualización clara la ofrece el general ecuatoriano Paco Moncayo, quien establece que la seguridad “es la percepción de que no hay amenazas que temer o que, de haberlas, se cuenta con los medios suficientes para neutralizarlas o eliminarlas”. En esta misma línea, la especialista Ana María Salazar recuerda que no es un asunto exclusivo de militares o policías, sino un tema que impacta la vida cotidiana: economía, instituciones, inversión, salud, soberanía y relaciones internacionales. Para ella, la seguridad nacional abarca todo aquello que pueda transformarse en una crisis capaz de afectar la viabilidad y gobernabilidad de la sociedad; entonces podemos definir la seguridad nacional como la capacidad del Estado para proteger a su población, sus instituciones, intereses y objetivos nacionales frente a amenazas, riesgos y antagonismos, mediante el empleo de los recursos del Poder Nacional, además para, enfrentar situaciones que puedan comprometerlos con el propósito de garantizar estabilidad institucional y el bienestar de la población;

Desde de un punto de vista histórico la seguridad nacional surge de la necesidad de proteger el territorio y la población frente a invasiones y conflictos internos. Durante el modo de producción feudalista, se desarrollaron mecanismos de defensa para asegurar sus espacios geográficos. Con la consolidación de los Estados nacionales, estas funciones se centralizaron, dando origen a formas más organizadas de seguridad estatal. Durante la Guerra Fría, seguridad nacional se convirtió en argumento central para justificar decisiones, y la expresión “por razones de seguridad” se convirtió en recurso para legitimar medidas discrecionales. Sin embargo, en el marco del Estado constitucional en el que vivimos, las decisiones están sometidas a legalidad, proporcionalidad y control institucional, de modo que las labores de los organismos de seguridad y defensa van acordes con la garantía de los derechos fundamentales y la estabilidad constitucional.

La seguridad nacional integra los recursos del Estado para proteger sus intereses y objetivos nacionales, no se limita al ámbito militar y policial como se ha citado precedentemente, sino que confluyen todas las expresiones del poder nacional (política, económica, psicosocial, militar tecnológica y geográfica). De este gran sistema llamado seguridad nacional se desprenden subsistemas como: Seguridad pública: garantiza espacios públicos libres de amenazas; Seguridad ciudadana: protege derechos fundamentales y convivencia pacífica; Seguridad jurídica: asegura certeza normativa y debido proceso; Seguridad económica: resguarda la estabilidad productiva y financiera; Seguridad societal: preserva cohesión social y cultural, distinta de la seguridad social que se refiere a prestaciones como salud y pensiones.

La seguridad nacional es, en este sentido, el concepto macro: que integra todas las seguridades particulares, aunque cada una con un rol y actores específicos, convergen en ella, lo que le otorga una categoría multidimensional que articula Estado, sociedad y desarrollo. Su evolución histórica demuestra que el Estado ha sido el referente principal y en la configuración constitucional actual, es un derecho fundamental de doble dimensión —individual y colectivo— que protege tanto a las personas como al propio Estado de todo tipo de amenaza y al mismo tiempo crea las condiciones para enfrentarlas mediante la articulación de las capacidades del poder nacional, asegurando estabilidad, bienestar y el interés general.

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