La justicia que aún no llega a todos

La República Dominicana resuelve el 94.9% de los casos que entran a su sistema judicial, según el más reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Transformando la justicia: del progreso institucional al desarrollo humano sostenible.

En papel, es un número que impresiona. En la calle, en los barrios, en los tribunales de familia y en los expedientes de salud mental, la historia es otra: la de miles de personas que sienten que la justicia les llega tarde, o no les llega en absoluto. No es, del todo, un problema de eficiencia. Es un problema de grietas, esas que se abren donde el expediente se cierra, pero la vida de alguien sigue rota.

Mujeres sin refugio

El patrón se repite con una precisión dolorosa: una oferta laboral que promete mejorar la vida, un viaje, y al llegar al destino, todo cambia. Es el modo en que operan las redes de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes en la región, y sus principales víctimas son, en su mayoría, mujeres jóvenes.

Así cayó, en septiembre de 2025, una joven de Medellín que estudiaba en la capital antioqueña cuando recibió de una connacional una oferta que ella misma describió, en declaraciones publicadas por El Colombiano y El Tiempo, como “tentadora” para viajar a trabajar en Santo Domingo.

Al llegar, le impusieron una deuda de 3,500 dólares y le confiscaron los documentos. Fue rescatada gracias a que un familiar activó, a través de una aplicación de Migración Colombia, una alerta de ubicación en tiempo real que permitió coordinar el operativo entre las autoridades colombianas y la PETT dominicana. Su mensaje a otras posibles víctimas, después del rescate, fue breve: “Primero estás tú, primero está tu vida y tu dignidad.”

Las cifras oficiales de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) muestran una institución en movimiento: 401 víctimas rescatadas entre 2023 y 2026, con 2025 como el año de mayor número de rescates; 153 personas sometidas a la justicia en ese mismo período, 92 casos procesados y 26 sentencias condenatorias contra 58 implicados.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos añade un dato inquietante: el 98% de los casos de trata infantil detectados involucran medios digitales, y las investigaciones abiertas pasaron de 99 en 2023 a 229 en 2024, más del doble en un solo año.

El crecimiento en investigaciones es una señal de que el sistema está mirando hacia donde antes no miraba. Pero entre 229 investigaciones y apenas 50 personas procesadas y 11 condenadas ese mismo año, la brecha sigue siendo ancha.

“Como fiscal y como mujer, mi labor se centra en la víctima, en activar los mecanismos necesarios para su rescate y protección”, ha señalado la magistrada Ginna Matías en entrevista con Más Allá del Titular (CDN+), insistiendo en que ninguna mujer debe tener miedo de denunciar.

Pero el rescate no cierra la historia, apenas la reabre. En muchos casos, la explotación sexual está atada al consumo de sustancias, y ese círculo es extremadamente difícil de romper sin programas especializados de recuperación física, emocional y de restablecimiento con el entorno.

Sin becas, sin seguimiento integral, sin planes educativos, la vulnerabilidad extrema persiste, y con ella, el riesgo de que la misma mujer vuelva a ser captada. La justicia que rescata, pero no acompaña, deja la puerta abierta para que la historia se repita.

Esa misma pregunta, ¿a quién acompaña realmente el sistema? se extiende más allá del género, hacia una generación entera que ha dejado de creerle a la justicia, incluso cuando esta funciona.

Confianza rota

Aquí los números cuentan una historia de contraste. El sistema judicial dominicano resuelve el 94.9% de sus casos. Y, sin embargo, según la Encuesta de la OCDE sobre los determinantes de la confianza en las instituciones públicas de América Latina y el Caribe (2025), solo el 38.6% de los dominicanos confía en el Poder Judicial, una cifra mejor que el promedio regional (35.5%), pero lejos del respaldo de la mitad de la ciudadanía.

Esa desconfianza no es nueva: el Barómetro de las Américas registró que la confianza pasó de 46.7% en 2004 a apenas 38.5% en mediciones más recientes.

El propio informe del PNUD ofrece una pista de por qué la eficiencia no se traduce en confianza: esta depende de factores como la escucha de las partes, la claridad de las explicaciones y el trato recibido durante el proceso, no solo de la velocidad con la que se cierra un caso.

Entre los propios jóvenes dominicanos, una encuesta de juventud del IDEICE encontró que más del 85% considera que sus pares no son idealistas ni están comprometidos con la justicia y la igualdad, mientras la confianza institucional en general es baja, con una notable excepción: el sistema educativo, en el que sí confían.

Para las generaciones Millennial y Z, que crecieron exigiendo transparencia inmediata y trato humano en cada interacción institucional, un sistema que resuelve, pero no explica, que decide, pero no escucha, es un sistema que pierde legitimidad, aunque funcione en los números.

Y esa desconfianza generacional encuentra, hoy, un terreno fértil: la propia OCDE señala que las redes sociales son ya la principal fuente de información política en la región, con brechas generacionales de uso menores de lo esperado, jóvenes y adultos, por igual, ya no esperan al tribunal para emitir su veredicto.

Juicio viral

Cada vez con más frecuencia, un comentario, un video o una publicación en redes sociales termina en un estrado judicial. La difamación digital se ha convertido en uno de los ciberdelitos más judicializados en la República Dominicana bajo los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que sancionan la difamación e injuria cometidas por medios electrónicos con penas de tres meses a un año de prisión y multas de cinco a quinientas veces el salario mínimo.

El Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT) es, por disposición del artículo 54 de esa misma ley, la unidad encargada de rastrear el rastro digital detrás de cada querella.

El caso no es hipotético: en 2026, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, presentó una querella contra el comunicador Ángel Martínez y la influencer Ingrid Jorge Pérez, sustentada en presunta difamación, injuria y violaciones a la Ley 53-07, a raíz de publicaciones difundidas en redes sociales.

Es apenas uno de una seguidilla de procesos recientes que han involucrado a comunicadores, periodistas e influenciadores (influencers mejor conocido en inglés) de alto perfil, y que han terminado en condenas, indemnizaciones millonarias y medidas restrictivas.

El juez Rafael A. Báez G., de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, lo describió en una columna propia publicada en mayo de 2026: los juicios paralelos son la cobertura mediática intensa, muchas veces sesgada, de procesos penales aún no sentenciados, donde medios y opinión pública emiten un veredicto de culpabilidad antes que el sistema judicial, erosionando la presunción de inocencia y generando lo que él mismo llama “justicia mediática”.

Báez advierte, además, que en varios casos ya no se trata de juicios paralelos; más bien, de juicios previos: el veredicto público se arma antes de que el proceso judicial siquiera comience.

Otros jueces han optado por una defensa más personal frente a esa presión. Francisco Jerez Mena, presidente de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, explicó ante el Consejo Nacional de la Magistratura en agosto de 2026 cómo se protege mientras conoce un caso: “Yo no uso redes sociales, veo muy poca televisión, para no dejarme contaminar.”

La responsabilidad, entonces, no es solo institucional ni solo legal. También es gremial, nuestra, la de quienes contamos las historias antes de que los tribunales terminen de escribirlas.

Y si hay un terreno donde esa prisa por juzgar se vuelve más peligrosa, es cuando el acusado no es del todo dueño de su propia mente.

Mente olvidada

Solo el 1% del presupuesto nacional de salud se destina a la atención de la salud mental, mientras la Organización Mundial de la Salud advierte que, tras la pandemia y las crisis sociales recientes, uno de cada cuatro dominicanos presentará algún trastorno mental a lo largo de su vida.

La brecha se vuelve más cruda dentro del sistema penitenciario: la psiquiatra forense Nubia Lluberes ha advertido que cerca del 80% de la población privada de libertad en el país presenta algún problema de salud mental, frente a un 20% estimado en la población general, no porque estas personas cometan más delitos, sino porque muchas nunca recibieron tratamiento oportuno y terminaron siendo absorbidas por el sistema penal.

El Dr. Luis Ortega lo ha explicado con crudeza en entrevista con Más Allá del Titular (CDN+): “La falta de una resolución rápida en procesos judiciales relacionados con trastornos mentales revictimiza a la población y genera un trauma añadido.”

Casos como el de Jean Andrés Pumarol, donde un fallo de “no ha lugar” reabrió el debate sobre la irresponsabilidad penal por causa psíquica, generan polémica y desesperanza colectiva precisamente porque el sistema no tiene un protocolo claro para estos escenarios.

La consecuencia de esa ausencia de protocolo no es abstracta: en febrero de 2026, un hombre recuperó su libertad tras casi 20 años en prisión preventiva, después de que en 2009 se solicitara un procedimiento especial por su condición de salud mental que nunca llegó a resolverse, dos décadas suspendidas entre un diagnóstico y una sentencia que nunca llegó.

La raíz del problema, según Ortega, está en el “momento cero”: “Si la cadena de custodia sobre el estado mental de una persona se rompe desde el primer contacto con la policía, la fiscalía o el tribunal, se dificulta toda la labor judicial posterior, y se corre el riesgo de decisiones apresuradas o polémicas.”

Su alternativa es clara: pacientes con perfiles psiquiátricos complejos no deberían estar ni en cárceles comunes ni en clínicas privadas, sino en instituciones penitenciarias especializadas públicas.

Esa alternativa, de hecho, ya empezó a tomar forma. En junio de 2026, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), a cargo de Roberto Santana, y el Servicio Nacional de Salud (SNS), a través de su directora de Salud Mental, Marisol Taveras, inauguraron la primera Unidad de Salud Mental Penitenciaria del país en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, con un equipo multidisciplinario de psiquiatras y psicólogos capacitados junto al Colegio Dominicano de Psicólogos.

Días antes, el presidente Luis Abinader había juramentado el Comité Dominicano de Salud Mental Penitenciaria, anunciando tres centros especializados adicionales en Azua, La Vega y San Pedro de Macorís. Es una respuesta institucional real, aunque todavía incipiente frente a la magnitud del problema que describe Ortega, y frente a un dato que humaniza la urgencia: en los barrios, el doctor ha observado un alto consumo de cannabis en jóvenes, incluyendo pacientes de apenas 8 o 9 años.

Cuatro grietas, un mismo llamado

La mujer que nadie acompaña después del rescate. La generación que ya no cree, aunque los casos se resuelvan. La verdad que se pierde entre ¨likes¨ y comentarios antes de llegar al tribunal.

La mente que el sistema apenas empieza a entender cómo tratar. Cuatro historias distintas, una misma raíz: una justicia que se mide en expedientes cerrados, cuando debería medirse en personas acompañadas.

Cerrar estas grietas no requiere reinventar el sistema desde cero, como muestran los nuevos centros de salud mental penitenciaria o el crecimiento en investigaciones contra la trata, ya hay movimiento. Requiere sostenerlo: protocolos que documenten el estado mental de una persona desde el primer instante, programas de reinserción que no terminen en el rescate, comunicadores y jueces que hablen el mismo idioma, y una generación entera a la que se le debe, todavía, una razón para confiar.