Loyda Peña

Como parte de las investigaciones del denominado caso «SeNaSa 2.0», el Ministerio Público, con el apoyo de unidades especializadas de la Policía Nacional, habría llevado a cabo esta madrugada una serie de allanamientos simultaneos en el Gran Santo Domingo, Santiago y otras provincias del país.

De manera extraoficial trascendió que durante la ejecución de esas requisas habrían sido arrestados un sinnúmero de profesionales de la salud que estarían siendo interrogados en la sede del órgano de persecución y, además, que se habría dispuesto el cierre de algunos laboratorios clínicos.

Entre las intervenciones realizadas en la zona metropolitana se reportan, aún sin confirmar, requisas a unos 29 médicos y unos siete laboratorios.

En Santiago se habría arrestado a un galeno mientras se disponía a realizar un procedimiento quirúrgico.

Hasta el momento, la PGR no ha emitido ningún informe oficial, por lo que se está a la espera de la confirmación formal para ofrecer el reporte definitivo con las precisiones correspondientes, incluidos los nombres de los afectados.

Se recuerda que el titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, había afirmado que trabajaban «a toda marcha» para llevar ante los tribunales, en el menor tiempo posible, la fase de la Operación Cobra 2.0.

“Nosotros nunca nos detenemos. Seguimos trabajando con esa versión que hemos judicializado: Operación Cobra, y estamos trabajando a toda marcha para que en el menor tiempo posible tener en los tribunales la siguiente versión, tal y como lo dijimos, que habrá una versión 2.0”, pronunció.

Señaló que el órgano persecutor actúa judicialmente cuando cuenta con las evidencias suficientes, y añadió: “Todo el que ha sustraído dinero del Estado va a estar sentado en el banquillo de los acusados”, afirmó el magistrado.

Operación Cobra

Cabe destacar que, en la Operación Cobra, el Ministerio Público imputa a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del Senasa y señalado como cabecilla del entramado de corrupción, así como a Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ada Ledesma Ubiera y Ramón Alan Speakler Mateo, a quienes se les impusieron medidas de coerción.

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