EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Yván Lorenzo, exigió a la Procuraduría General de la República y al Ministerio de Energía y Minas explicar en qué quedó la investigación sobre la supuesta estafa a unos 42 mil clientes de una empresa distribuidora de electricidad, denunciada el año pasado por el entonces presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE), Celso Marranzini.
“Tiene que ser la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Energía y Minas que le digan al país en qué quedó la estafa a 42 mil ciudadanos por parte de una distribuidora, según dijo Celso Marranzini”, expresó Lorenzo.
El dirigente opositor manifestó preocupación por las denuncias de ciudadanos, hogares y negocios que aseguran haber recibido aumentos en sus facturas eléctricas, pese a que las empresas distribuidoras han negado un incremento de la tarifa.
El pasado 2 de septiembre, las distribuidoras de electricidad atribuyeron los montos facturados a un mayor consumo provocado por las altas temperaturas registradas durante el verano, y rechazaron que se haya producido un aumento tarifario.
El PLD reconoció que el verano de 2026 ha sido excepcionalmente caluroso y que la demanda eléctrica alcanzó niveles históricos, pero consideró que esta explicación no responde por sí sola a las inquietudes de los usuarios que han reportado incrementos en sus facturas.
Lorenzo también citó datos de PROTECOM, según los cuales en 2019 ese organismo falló a favor de los clientes en alrededor del 23 % de los casos, y sostuvo que la evolución de esa proporción en los últimos años amerita una investigación técnica, particularmente ante las inversiones y mejoras en redes y medidores anunciadas por las autoridades desde agosto de 2020.
El PLD señaló además que las denuncias se producen mientras persisten interrupciones prolongadas del servicio eléctrico en distintas provincias, al tiempo que las pérdidas consolidadas de las distribuidoras superan el 43 % y el subsidio eléctrico representa una carga creciente para el presupuesto nacional.
“El ciudadano termina pagando dos veces: una con sus impuestos y otra con una factura que no puede verificar”, planteó la organización opositora.
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