EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Junta de Vecinos y varias organizaciones comunitarias y religiosas de Las Flores de Pantoja solicitaron formalmente al presidente Luis Abinader declarar de utilidad pública los terrenos destinados a la construcción de una escuela en esa comunidad, al advertir que un prolongado conflicto sobre la titularidad del inmueble mantiene en riesgo un proyecto educativo esperado desde hace más de 14 años.
La petición está contenida en una comunicación entregada este lunes 7 de septiembre de 2026 en la Presidencia de la República y dirigida al mandatario. En ella, los firmantes también reclaman la intervención del Poder Ejecutivo para esclarecer la situación jurídica de los terrenos que fueron adquiridos por el Ministerio de Educación a finales del año 2012 y garantizar que cualquier inversión realizada por el Estado con fines educativos sea protegida.
“Nuestros niños no pueden seguir esperando indefinidamente”, expresaron las organizaciones en la carta, en la que sostienen que la necesidad de contar con el plantel escolar se ha incrementado debido al crecimiento poblacional de Las Flores.
Los comunitarios explican que, de acuerdo con informaciones publicadas y documentos públicos que aseguran haber consultado, el Estado realizó inversiones para adquirir terrenos y desarrollar trabajos relacionados con la construcción de un centro educativo. Sin embargo, el proyecto habría quedado paralizado a causa de un conflicto judicial sobre la titularidad del inmueble.
Preocupación por presencia de personas vinculadas a DESTIEL
La comunicación también expresa preocupación por la presencia reciente de personas que se identificaron como vinculadas a DESTIEL, S.R.L., quienes, según los firmantes, habrían dado a entender que pretenden ejercer control sobre parte del inmueble.
No obstante, las organizaciones aclaran que no pretenden determinar por cuenta propia quién tiene derechos sobre los terrenos, sino que esa situación sea establecida por las autoridades competentes.
“No afirmamos que dicha compañía carezca o tenga derechos sobre el inmueble, pues precisamente solicitamos que las autoridades competentes investiguen y determinen formalmente esa situación”, precisa la comunicación.
Los comunitarios aseguran que su principal temor es que cualquier ocupación, cierre, modificación o disposición física del área pueda agravar el conflicto y poner nuevamente en riesgo la construcción de la escuela que reclama la comunidad.
Ocho solicitudes al presidente Abinader
En la comunicación, las organizaciones plantean al Poder Ejecutivo ocho acciones:
- Investigar exhaustivamente la situación jurídica actual de los terrenos destinados al proyecto educativo de Las Flores.
Verificar la titularidad, los antecedentes y la situación registral del inmueble, así como el estado del proceso judicial relacionado con los terrenos.
Determinar quiénes son las personas que se han presentado como vinculadas a DESTIEL, S.R.L., cuál es su relación con esa compañía y qué derechos alegan tener sobre el inmueble.
Evitar cualquier ocupación, destrucción, alteración, transferencia o disposición irregular del terreno mientras no se determine definitivamente su situación jurídica.
Revisar integralmente el proyecto de construcción de la escuela y establecer por qué, después de más de una década, la comunidad continúa sin una solución definitiva.
Proteger los recursos públicos invertidos y procurar una salida legal que permita materializar finalmente el centro educativo.
Mantener informada a la comunidad sobre las decisiones y acciones que adopten las autoridades en relación con el proyecto.
Declarar de utilidad pública el inmueble, con el propósito de garantizar que sea destinado a la construcción de un centro educativo para Las Flores de Pantoja.
“Aquí está en juego el derecho de cientos de niños”
En uno de los principales argumentos de la comunicación, las organizaciones sostienen que el conflicto trasciende una disputa inmobiliaria, debido a que afecta directamente el derecho a la educación de los residentes del sector.
“Aquí está en juego el derecho de cientos de niños y jóvenes a recibir educación en condiciones dignas y seguras, así como la protección de una inversión realizada con recursos del pueblo dominicano”, establece el documento.
La carta también rechaza cualquier salida violenta al conflicto.
“No queremos confrontaciones. No queremos violencia. No queremos apropiarnos de lo que no nos corresponde. Queremos que se respete la ley”, enfatizan los firmantes.
Entre las organizaciones mencionadas en la comunicación figuran la Junta de Vecinos, la filial de Las Flores de la CNDH-RD, la Alianza Comunitaria Las Flores, las iglesias Monte Horeb, El Milagro de Dios y Casa de Unción, representantes de la Iglesia católica y grupos de emprendedores de la comunidad.
Los firmantes solicitaron que la comunicación sea recibida por el Poder Ejecutivo y remitida a las instituciones correspondientes para su investigación y seguimiento. Asimismo, manifestaron su disposición de aportar documentos, testimonios y otras evidencias que contribuyan a esclarecer la situación jurídica de los terrenos y permitir una solución definitiva al proyecto escolar.
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