Estructura de propaganda y acoso, desfalco mediante boletos aéreos, pago de “botellas” a cambio de devolución de salarios y recepción de sobornos forman parte de las 34 líneas de imputación que el Ministerio Público atribuye al exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez Sánchez y otros acusados en la denominada acusación por presunta corrupción administrativa.
El Ministerio Público reiteró la contundencia de las pruebas que, según sostiene, sustentan las 34 líneas de imputación incluidas en la acusación contra Rodríguez Sánchez y los demás acusados.
De acuerdo con el órgano acusador, las imputaciones describen una estructura que habría operado para sustraer fondos públicos, lavar activos y utilizar de manera irregular la institucionalidad de la Procuraduría General de la República (PGR) durante la gestión de Rodríguez Sánchez.
El Ministerio Público señaló que el expediente se encuentra entre los procesos con mayor cantidad de líneas de imputación debido a la diversidad de hechos que, según la acusación, fueron identificados durante la investigación.
Asimismo, sostiene que el caso involucra el presunto desfalco de más de RD$6,000 millones al Estado dominicano, con una alegada afectación al patrimonio público y al sistema de justicia.
“Bajo la dirección del principal acusado, Jean Alain Rodríguez Sánchez, se orquestó una conducta criminal planificada y sostenida”, afirmó el Ministerio Público.
El órgano acusador agregó que, según su tesis, la estructura habría utilizado la institucionalidad para obtener recursos de manera ilícita y desarrollar una estrategia política.
Las 34 líneas de imputación
El Ministerio Público indicó que las líneas incluidas en la acusación abarcan presuntos hechos de extorsión, soborno, falsificación de documentos, desfalco, lavado de activos y sabotaje informático, entre otras conductas que atribuye a los acusados.
Estas son las 34 líneas de imputación descritas por el órgano acusador:
- Comité de Compras y Contrataciones: presunto uso del Comité de Compras y Contrataciones para defraudar, desfalcar y apropiarse de fondos públicos, además de supuestas maniobras de extorsión y manipulación de procesos. La acusación sostiene que decenas de actas del comité eran falsas.
- Estafa en el suministro de alimentos: presunta contratación fraudulenta para suministrar alimentos a recintos penitenciarios y centros de menores, que habría afectado a más de 27,000 personas privadas de libertad. Según la acusación, el esquema involucraba empresas vinculadas al acusado Rolando Rafael Sebelén, señalado como cuñado de Jean Alain Rodríguez Sánchez.
- Maniobras fraudulentas con documentos: presunta falsificación y superposición digital de firmas y sellos para simular actas de sesiones que, según la acusación, no fueron realizadas.
- Destrucción masiva de archivos: presunta trituración sistemática de documentos públicos relacionados con procesos de compras ejecutados en julio y agosto de 2020, con el supuesto propósito de ocultar irregularidades.
- Contratación fraudulenta del laboratorio de ADN del Inacif: presunto esquema de falsedad y soborno relacionado con la adquisición de equipos que, según la acusación, resultaron inservibles y ocasionaron pérdidas al Estado.
- Plan de Humanización: presunto uso irregular del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, incluido el CCR La Nueva Victoria, para obtener sobornos y lavar activos mediante empresas contratistas.
- Información privilegiada y pagos por bienes no entregados: presuntas operaciones vinculadas a AM Multigráfica y Soluciones Globales Pérez Mella para canalizar supuestos sobornos.
- Desfalco mediante boletos aéreos: presunta utilización de recursos públicos para adquirir pasajes y hospedajes con fines personales y políticos, que habrían sido encubiertos mediante facturas falsas a través de Global Tours & Travel.
- Fraccionamiento de contrataciones: presunta subdivisión de compras para favorecer a determinadas empresas y evitar procesos de licitación pública.
- Financiamiento ilícito de carrera política: presunto uso de presupuesto, nómina e instalaciones públicas de la CEI-RD y la PGR para financiar propaganda y actividades políticas del Movimiento Político Renovación.
- Lavado de activos mediante un testaferro: presunta adquisición de la sede del Movimiento Renovación mediante un prestanombres y pagos en efectivo por US$1,268,500, con el objetivo de ocultar al beneficiario real.
- Estructura de propaganda y acoso (“granja de bots”): presunta creación de más de 18,000 cuentas falsas en redes sociales para impulsar tendencias políticas y desarrollar campañas contra periodistas y líderes de opinión.
- Pago de “botellas” a cambio de devolución de salarios: presunta contratación de empleados que, según la acusación, debían devolver entre el 85 % y el 90 % de sus salarios para financiar la denominada “granja de bots”.
- Contratación irregular de asesores internacionales (“Los Tequilas”): presunta contratación de asesores mexicanos mediante pagos en efectivo, transferencias internacionales y supuestos sobornos.
- Fondos para asesores de Comunicación Pública, S.L.: presunto desvío de recursos para consultorías políticas que, según el Ministerio Público, no contaban con productos institucionales verificables.
- Simulación de capacitaciones institucionales: presunta utilización de capacitaciones para encubrir pagos relacionados con asesoría de imagen y manejo de crisis política.
- Desfalco y fraude en la subasta PSBI-01-2019: presunta disposición irregular y tasación fraudulenta de bienes incautados, además de supuesta retención de estos en beneficio de uno de los acusados.
- Desfalco en la Unidad de Custodia de Bienes Incautados: presunto desvío de recursos mediante cheques emitidos sin fundamento y modificaciones contractuales realizadas antes del cambio de gestión gubernamental.
- Desvío de evidencias y armas de fuego: presunta sustracción y uso irregular de armas incautadas que no habrían sido devueltas a la cadena de custodia oficial.
- Asignación ilícita de bienes incautados: presunta utilización de inmuebles, vehículos y maquinarias decomisadas mediante sociedades de carpeta para beneficio personal.
- Sobrevaluación en antropología forense: presunta manipulación de informes técnicos para favorecer a suplidores en la adquisición de equipos para el Inacif.
- Estafa en servicios de transporte: presunta creación de contratos simulados para el alquiler de vehículos y apropiación de fondos públicos.
- Creación de necesidades ficticias: presunta generación de necesidades institucionales para favorecer a determinados proveedores y desviar recursos, en un caso relacionado con ACBS Servicios S.R.L.
- Recepción de sobornos (Displa y TRANSFA): presunta estructura para exigir pagos a proveedores a cambio de adjudicaciones y liberación de pagos retenidos.
- Desvío de materiales de construcción: presunta utilización de materiales adquiridos con fondos institucionales para destinarlos a propiedades privadas.
- Uso ilícito de bloqueadores de señal: presunta compra irregular de equipos de seguridad con recursos públicos para utilizarlos en actividades políticas y posterior sustracción de estos.
- Maquinaria de soborno y estafa: presunto uso de recursos institucionales para exigir pagos a cambio de adjudicaciones, en algunos casos mediante amenazas y chantajes, según la acusación.
- Fraude inmobiliario: presunta sobrevaloración en la compraventa de un solar cuyos fondos, según el Ministerio Público, habrían sido utilizados para adquirir un apartamento privado.
- Sabotaje informático y borrado de bases de datos: presunta eliminación de bases de datos, utilización de software de espionaje y desvío de contrataciones tecnológicas.
- Adquisición y equipamiento de una villa y un yate: presunta utilización de dinero proveniente de sobornos para adquirir y equipar una villa en Casa de Campo y un yate.
- Destrucción e intento de destrucción de documentos y pruebas: presuntas acciones destinadas a eliminar documentos y evidencias para obstaculizar la investigación y la persecución penal.
- Adquisición y equipamiento de un local para oficina: presunta adquisición y equipamiento irregular de un inmueble cuyo valor habría superado los RD$60 millones.
- Declaración jurada y enriquecimiento ilícito: presunto ocultamiento de patrimonio, incluidos yates, inmuebles y obras de arte, así como supuesta sobrevaloración de activos.
- Lavado de activos corporativos: presunto uso de sociedades fachada o inoperantes para legitimar recursos que, según la acusación, tendrían origen en actos de corrupción.
Ministerio Público busca sanciones y recuperación de fondos
Al finalizar la presentación de las líneas de imputación, el Ministerio Público reiteró que procurará ante los tribunales las sanciones correspondientes contra los acusados, así como la recuperación de los recursos que, según sostiene, habrían sido sustraídos al Estado dominicano.
Las acusaciones forman parte de un proceso judicial en curso, por lo que corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad penal individual de cada uno de los imputados
