EL NUEVO DIARIO, SAN CRISTÓBAL.- La historia de República Dominicana consta de algunas páginas oscuras que no deben pasar al olvido, una de estas es la explosión ocurrida el 14 de agosto del 2023, en San Cristóbal, donde 38 personas murieron, a quienes se les suman 12 que nunca fueron encontradas y que posteriormente fueron declaradas fallecidas mediante un procedimiento legal.
Lo que inició como un día normal, de comercio, labores y vida cotidiana, pasadas las tres de la tarde, se convirtió en una columna de humo, desesperación, llanto y búsqueda.
El siniestro sucedió en la intersección de las calles Padre Ayala y Francisco J. Peynado, en el antiguo Mercadito. El establecimiento donde las autoridades ubicaron el origen de la explosión fue Vidal Plast SRL, una empresa dedicada al manejo, compra, venta y reciclaje de materiales plásticos.
La explosión generó una onda expansiva que alcanzó establecimientos comerciales, viviendas y vehículos de los alrededores. El saldo incluyó además 59 personas heridas y nueve edificaciones destruidas, según los datos contenidos en el expediente judicial del Ministerio Público.
Una tragedia que comenzó con 11 muertos
El balance fue aumentando durante los días posteriores al siniestro.
El 15 de agosto, un día después de la explosión, las autoridades reportaban 11 fallecidos, 59 heridos y 10 desaparecidos.
La recuperación de restos entre los escombros elevó posteriormente la cifra de víctimas. El 1 de septiembre, el expediente de solicitud de medida de coerción del Ministerio Público registraba 37 fallecidos. En ese momento habían sido identificados 15 cuerpos y otros 22 permanecían en proceso de identificación.
El 12 de septiembre de 2023, Carlos Geovanny Veras murió mientras permanecía ingresado en la unidad de quemados Pearl F. Ort, del hospital Ney Arias Lora. Su fallecimiento elevó a 38 la cifra de víctimas mortales.
Los nombres detrás de la tragedia
Entre las víctimas mortales identificadas en el expediente del Ministerio Público figuran Carlixto Feliz Jiménez, Cheirii Vizcaíno Sierra, Jorgelina Ravelo Encarnación, Esteisi Pinales Ferrer, Khaled Safa Harb, Jessica María Brito, Santo Manuel de Jesús, Delfín García Familia, Ana Iris Cruceta Henríquez, Karina Heredia Pérez, Francis Julián Mateo Encarnación, Reyes Soto Abad, Faustino Nivar Doñé, Griselda María Feliz, Andrés Valsaint, Emil Fanuel Figuereo Báez y José Vicente Dicent Rivera.
Además, Milka Maribel Benzant Figuereo, Rogelio Arístides Benzant, Brendy Daril Toledo Benzant, Mariela Rosario Nova, Juan Mateo Casilla, Tico Manuel Cruz, Rafael Solano Mateo, Ana Anllelin Nivar Tineo, Julio Agustín Vittini Cuevas, Ángel Luis Uribe Méndez, Héctor Ramón Cuello Ramírez, Dionicio Guzmán Perdomo, Irma Isabel Dipre Miranda, Paulette Brea Solís, Luz Esther Mateo Germán, Eridania Jorge Alcántara, Alfonso Cuevas Cuevas, Gabino Aquino, Reina Heredia Mercedes y Víctor Manuel Hernández Pérez.
La documentación inicial del Ministerio Público contenía 37 nombres; posteriormente se produjo el fallecimiento de Carlos Geovanny Veras.
Los que nunca aparecieron
La tragedia dejó además un grupo de personas cuyos cuerpos nunca pudieron ser recuperados e identificados.
Para el primer aniversario, el Ayuntamiento de San Cristóbal mantenía el balance de 12 desaparecidos, quienes posteriormente fueron declarados fallecidos mediante un procedimiento aprobado por el Congreso Nacional.
Sobre el juicio contra los presuntos responsables
En el 2024, el Ministerio Público presentó acusación contra Edward Armando Vidal Garrido, Maribel Sandoval Almánzar de Vidal y Mercedes Altagracia Vidal Sandoval, así como contra la empresa Vidal Plast SRL como persona jurídica.
La Fiscalía sostiene que los imputados incurrieron en torpeza, imprudencia, inadvertencia, negligencia e inobservancia de reglamentos relacionados con el almacenamiento de plásticos y con normas de salud y medioambientales.
De acuerdo con la acusación, el Cuerpo de Bomberos determinó que el origen de la explosión no estuvo relacionado con electricidad, sino con el químico Autofina-Luporox A 70S, identificado como un peróxido orgánico 5.2.
El organismo sostiene que esta sustancia era utilizada en la industria del plástico y el caucho y que fue almacenada en un espacio cerrado, sin las condiciones adecuadas y próximo a residuos plásticos.
Según la tesis acusatoria, las condiciones de almacenamiento provocaron una acumulación de gases que finalmente alcanzó un punto crítico y produjo la explosión.
Cinco meses antes ocurrió otro incidente
Uno de los elementos utilizados por la Fiscalía para sustentar su acusación ocurrió el 18 de marzo de 2023, casi cinco meses antes de la tragedia.
Según el expediente, durante unos trabajos de herrería una chispa alcanzó el área donde estaban almacenados materiales plásticos, provocando una reacción química, humo irritante y calor que causó quemaduras a uno de los empleados.
Para el Ministerio Público, ese episodio constituyó una señal previa de los riesgos existentes en las instalaciones.
El caso fue declarado complejo
Luego de la explosión, las autoridades iniciaron una investigación que incluyó peritajes, levantamiento de evidencias y entrevistas a familiares, testigos y personas relacionadas con la empresa.
El proceso fue declarado de tramitación compleja y la acusación presentada posteriormente por el Ministerio Público quedó sustentada en 128 elementos de prueba, entre ellos testimoniales, documentales, periciales y audiovisuales.
El 5 de septiembre de 2023, el tribunal impuso medidas de coerción a los imputados, incluyendo garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica, de acuerdo con la información difundida posteriormente por la Suprema Corte al aclarar que no había conocido el proceso.
La acusación formal llegó un año después
El 5 de septiembre de 2024, el Ministerio Público depositó formalmente la acusación ante el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de San Cristóbal y solicitó que los procesados fueran enviados a juicio.
La acusación incluyó al propietario de Vidal Plast, Edward Vidal Garrido; Maribel Sandoval Almánzar; Mercedes Altagracia Vidal y a la propia empresa.
Los cargos están relacionados con el artículo 319 del Código Penal, el artículo 153, numeral 2, de la Ley General de Salud 42-01, y varios artículos de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.
En ese orden, el 13 de diciembre de 2025, la jueza Loyda Amador, del Segundo Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal, dictó auto de apertura a juicio contra los tres propietarios y Vidal Plast SRL.
La magistrada admitió los elementos de prueba presentados por el Ministerio Público, permitiendo que el expediente avanzara a la siguiente etapa del proceso penal.
El juicio de fondo comenzó en mayo de 2026
Después de casi tres años de la explosión, el 22 de mayo de 2026 comenzó finalmente el juicio de fondo contra Edward Armando Vidal Garrido, Maribel Sandoval Almánzar, Mercedes Altagracia Vidal Sandoval y Vidal Plast SRL.
El proceso se conoce ante el Tribunal Colegiado de San Cristóbal.
Durante las primeras audiencias, el Ministerio Público comenzó a presentar a familiares de las víctimas como testigos. Algunos relataron las pérdidas sufridas y reclamaron que se establezcan las responsabilidades por la tragedia.
Entre los testimonios estuvo el de Rudelania Araujo, esposa de Juan Mateo, quien fue reportado como desaparecido y posteriormente declarado fallecido. La mujer explicó que ni siquiera ha podido sepultar los restos de su esposo porque nunca fueron encontrados.
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La entrada Tres años después de la explosión en San Cristóbal: 38 muertos, 12 desaparecidos y un juicio que busca respuestas se publicó primero en El Nuevo Diario (República Dominicana).
