EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La suspensión del Registro de Proveedores del Estado (RPE) a 11 empresas vinculadas a 10 senadores desató reacciones entre legisladores que defendieron que se trata de una medida de carácter administrativo y criticaron que la información se hiciera pública en este momento.
La decisión de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) se produce tras la entrada en vigencia de la Ley 47-25 de Compras y Contrataciones Públicas, que eliminó la excepción que permitía a legisladores y otros funcionarios mantener participación en empresas proveedoras del Estado.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, calificó como una «simple notificación administrativa» la suspensión y aseguró que la medida no constituye una sanción.
Asimismo, consideró que no fue prudente que la notificación se hiciera pública en este momento y sostuvo que ninguno de los legisladores señalados mantiene contrataciones vigentes con el Estado, agregando que en algunos casos, los senadores solo figuraron como accionistas de esas empresas en el pasado y ya no tienen participación en ellas.
De los Santos reiteró que el Senado respeta las actuaciones de las instituciones, aunque expresó preocupación por el impacto que la medida podría generar sobre legisladores que afirmó, no tienen vínculos contractuales con el Estado.
De su lado, el senador Antonio Marte, uno de los legisladores notificados afirmó que las empresas vinculadas a legisladores no es un tema nuevo, al asegurar que desde el 2020 el Senado les informó cuáles compañías no podían participar en licitaciones públicas por incompatibilidad.
Marte sostuvo que las empresas de su propiedad no realizan ventas al Estado dominicano y reiteró que la comunicación recibida corresponde únicamente a una notificación como servidor público sobre las restricciones para contratar con el Estado.
En tanto, la diputada Soraya Suárez, sostuvo que la suspensión del RPE de empresas vinculadas a senadores no debe generar mayores alarmas, al considerar que se trata del cumplimiento de lo establecido en la Constitución.
Suárez indicó que la Carta Magna es clara al establecer que tanto los funcionarios públicos como los cargos de elección popular no pueden ser contratistas del Estado. Señaló que, si alguno de los legisladores mantuvo activa su inscripción en el RPE, corresponde aplicar la normativa vigente.
Asimismo, afirmó que no ha visto evidencias de que esas empresas hayan contratado con el Estado y agregó que, de haberse producido alguna irregularidad, también habría responsabilidad de las instituciones que lo permitieron.
«Es solo un cumplimiento de la ley, con lo que estamos completamente de acuerdo», expresó.
Entre las empresas cuyos registros fueron suspendidos figuran las vinculadas a los senadores Johnson Encarnación, Carlos Gómez, Ginnette Bournigal, Bernardo Alemán y Antonio Marte, este último con dos registros suspendidos, para un total de 11 empresas relacionadas con 10 congresistas.
La DGCP explicó que la suspensión fue aplicada de oficio el pasado 19 de junio, una vez vencido el plazo otorgado para que los funcionarios solicitaran voluntariamente la suspensión de sus registros como proveedores.
La institución precisó que la medida es de naturaleza preventiva y administrativa y no constituye una sanción por irregularidades en los procesos de contratación.
La entidad informó, además, que durante este año ha suspendido 81 registros de proveedores vinculados a funcionarios electos y designados, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la nueva legislación.
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