EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La abogada Zelandia Díaz calificó como inverosímil que el Ministerio de Salud Pública despliegue una amplia defensa legal en los tribunales para negarse a suministrar un medicamento esencial al niño Dayron Almonte Socias, un menor de un año de edad que padece Atrofia Muscular Espinal (AME) tipo 1, la forma más severa de esta enfermedad.
Explicó que el AME provoca debilidad muscular progresiva, dificultades respiratorias y serios problemas para alimentarse, comprometiendo directamente la vida del paciente. En el caso de Dayron, la condición requiere tratamiento continuo e inmediato para evitar un mayor deterioro de su salud.
Díaz señaló que se ha querido presentar el caso como único en el país, pero aseguró que en sus investigaciones ha identificado al menos diez niños más y dos adultos con esta misma condición en República Dominicana. Muchos de ellos, dijo, no reciben el medicamento y viven con graves limitaciones físicas.
La jurista ofreció esas informaciones al ser entrevistada por José Alcántara, en el programa «El Nuevo Diario los Sábados», transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.
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Además, explicó que los padres del menor iniciaron un largo proceso de búsqueda de ayuda. Primero acudieron al Seguro Nacional de Salud (Senasa), donde se les negó la cobertura; luego fueron remitidos a la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) y posteriormente al Programa de Medicamentos de Alto Costo, donde les informaron que el fármaco no figura en el listado disponible.
“Es una cosa inverosímil a los niveles que nosotros hemos tenido que llegar. Los padres tienen más de un año tocando puertas, mientras la salud del niño sigue agravándose”, expresó.
Recordó que el propio ministro de Salud Pública recibió a la familia el año pasado y se comprometió públicamente a dar seguimiento al caso. Sin embargo, después de ese encuentro, los padres continuaron enviando solicitudes sin recibir respuestas concretas ni soluciones por parte de la institución.
Ante esta situación, la defensa legal presentó una acción de amparo constitucional para proteger la vida del menor, al tratarse de un caso de extrema urgencia. Díaz sostuvo que la Constitución garantiza el derecho a la vida, la salud y la dignidad humana, especialmente cuando se trata de un niño.
También criticó que durante la primera audiencia el Ministerio acudiera con una barra de más de seis abogados. “Me parece inverosímil que un ministro de Salud Pública llegue a los tribunales con una barra tan grande de defensa para rehusarse a darle un medicamento a un niño”, afirmó.
La abogada reveló además que, tras revisar el presupuesto de 2025, encontró una licitación de emergencia de más de RD$2,800,000 para publicidad, mientras que el tratamiento anual completo de Dayron ronda los RD$3 millones. “¿Se puede declarar una emergencia para publicitar y no para salvar una vida?”, cuestionó.
En ese sentido, advirtió que la familia sobrevive gracias a donaciones, ya que cada frasco del medicamento cuesta RD$620,000 y apenas cubre dos meses de tratamiento. Díaz insistió en que la salud pública requiere mayor sensibilidad humana y una gestión que priorice la vida por encima de la burocracia.
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