EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco ) rechazó la decisión del Consejo del Poder Judicial de aprobar un incremento en las remuneraciones y beneficios de sus integrantes durante el período para el que fueron designados, al considerar que la medida contraviene lo establecido en el artículo 140 de la Constitución de la República.
La organización sostuvo que la disposición constitucional prohíbe a las instituciones públicas y entidades autónomas que administran fondos públicos aumentar las remuneraciones o beneficios de sus incumbentes o directivos durante el mismo período de su designación.
Adocco recordó que el artículo 140 de la Carta Magna establece que: «Ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados. La inobservancia de esta disposición será sancionada de conformidad con la ley.»
La entidad afirmó que este mandato constituye una garantía de transparencia, ética pública y responsabilidad en el manejo de los recursos del Estado, al impedir que quienes ocupan cargos de dirección adopten decisiones que les generen beneficios económicos durante el ejercicio de sus funciones.
Asimismo, señaló que el principio contenido en el artículo 140 no admite excepciones derivadas de decisiones administrativas o reglamentarias, al tratarse de una prohibición de rango constitucional aplicable a todas las instituciones públicas y entidades autónomas que manejan fondos públicos.
En ese sentido, Adocco exhortó al Consejo del Poder Judicial a revisar la decisión adoptada y dejarla sin efecto, en apego al principio de supremacía constitucional y al deber de todas las autoridades de ajustar sus actuaciones a lo establecido en la Constitución.
La organización advirtió que, de mantenerse vigente una decisión contraria al artículo 140, corresponderá a los órganos competentes determinar las responsabilidades constitucionales y legales que puedan derivarse de esa actuación, incluyendo, cuando proceda y conforme al procedimiento establecido por la Constitución y las leyes, la activación de los mecanismos de control político e institucional previstos en el ordenamiento jurídico.
Finalmente, Adocco reiteró que el fortalecimiento de la independencia judicial debe estar acompañado del estricto respeto a la Constitución, la legalidad y los principios de rendición de cuentas, al tiempo que reafirmó su compromiso con la defensa del Estado de derecho, la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos.
