SANTO DOMINGO. Los abogados Julio Cury, José Alberto Cruceta hijo y Víctor León Morel presentaron una acción directa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) para solicitar la anulación de cinco artículos del nuevo Código Penal, al considerar que contravienen principios establecidos en la Constitución.
La instancia, depositada el 27 de julio de 2026, impugna disposiciones contenidas en la Ley 74-25, que instituye el nuevo Código Penal, así como una modificación introducida por la Ley 44-26. Los accionantes sostienen que las normas cuestionadas presentan falta de precisión en su redacción, lo que, a su juicio, afecta los principios de legalidad y de taxatividad penal.
Artículos impugnados
El recurso solicita la nulidad de los artículos 284, sobre corrupción pública; 290, relativo a contratos sin requisitos legales; 297, referente al enriquecimiento ilícito; 299, sobre alteración de precios; y 310, que tipifica el ultraje en el ámbito jurisdiccional y fue modificado por la Ley 44-26.
Los abogados argumentan que varias de estas disposiciones contienen conceptos ambiguos o demasiado amplios, lo que podría generar interpretaciones discrecionales por parte de los tribunales y afectar la seguridad jurídica.
Entre los cuestionamientos, señalan que el artículo sobre corrupción pública emplea expresiones como «cualquier acto», mientras que el de contratos sin requisitos legales no define cuáles son los requisitos esenciales cuya omisión constituiría un delito. También sostienen que el artículo sobre enriquecimiento ilícito no establece parámetros claros para determinar la desproporción patrimonial, y que las disposiciones sobre alteración de precios y ultraje jurisdiccional utilizan términos que podrían vulnerar derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión.
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Solicitan intervención del Tribunal Constitucional
Como petición principal, los accionantes solicitan que el Tribunal Constitucional declare la inconstitucionalidad de esos cinco artículos y los excluya del ordenamiento jurídico. De manera subsidiaria, piden que el alto tribunal emita una sentencia interpretativa que delimite el alcance de esas disposiciones conforme a las garantías previstas en la Constitución.
Asimismo, solicitaron que esta acción sea conocida de forma conjunta con otros recursos similares presentados contra el nuevo Código Penal, entre ellos el sometido por el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD).
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