Pocos países han sido tan malinterpretados como Suecia. Dependiendo de quién cuente la historia, representa la prueba definitiva de que la socialdemocracia funciona o, por el contrario, el mejor ejemplo de que los mercados libres generan prosperidad mientras que la intervención del Estado termina debilitándola. Ninguna de estas interpretaciones refleja fielmente la experiencia sueca. Su historia económica es mucho más compleja, pues su éxito no se explica por haber elegido entre capitalismo y Estado de bienestar, sino por haber encontrado un equilibrio entre una economía de mercado competitiva, un sólido sistema de protección social y una estricta disciplina fiscal.
Hay un hecho difícil de cuestionar: Suecia ya era un país próspero antes de construir el amplio Estado de bienestar por el que hoy es conocida. Durante buena parte del siglo XIX figuraba entre las naciones más pobres de Europa y cientos de miles de suecos emigraron a América del Norte en busca de oportunidades que su país aún no podía ofrecerles. El cambio comenzó cuando una serie de reformas económicas impulsó la iniciativa privada, fortaleció los derechos de propiedad, redujo las barreras al comercio y favoreció la industrialización. Hacia finales del siglo XIX, las empresas suecas competían con éxito en los mercados internacionales, la industria manufacturera se expandía con rapidez y la productividad aumentaba de forma sostenida. Entre 1870 y la década de 1930, Suecia registró una de las tasas de crecimiento económico más elevadas del mundo industrializado, sentando las bases de la riqueza que décadas después haría posible financiar un amplio sistema de servicios públicos.
Este recorrido histórico desmonta una idea muy extendida sobre el modelo sueco. La sanidad universal, la educación pública, las pensiones y los seguros sociales no fueron los responsables de la prosperidad del país; ocurrió exactamente lo contrario. Fueron décadas de crecimiento económico sostenido las que proporcionaron los recursos necesarios para que sucesivos gobiernos ampliaran estos programas sin comprometer la estabilidad económica. En otras palabras, Suecia primero construyó una economía capaz de generar riqueza y solo después destinó parte de esa riqueza a desarrollar un sólido sistema de protección social.
Tras la Segunda Guerra Mundial, el modelo social sueco se expandió de forma gradual. La sanidad universal se convirtió en uno de los pilares del contrato social; la educación superior pasó a estar al alcance de la mayoría de la población; el cuidado infantil recibió un importante respaldo público y los generosos permisos parentales facilitaron una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral. Durante varias décadas, esta combinación pareció funcionar de manera ejemplar porque el crecimiento económico permitía mejorar simultáneamente el nivel de vida y ampliar el gasto público. Mientras la productividad continuó aumentando y las empresas conservaron su competitividad, el sistema parecía plenamente sostenible.
Ese equilibrio, sin embargo, comenzó a deteriorarse durante las décadas de 1970 y 1980. El gasto público aumentó con rapidez, la presión fiscal alcanzó niveles extraordinariamente elevados y la regulación se volvió cada vez más extensa. En algunos casos, los tipos marginales efectivos llegaron a ser tan altos que desincentivaban la inversión y el emprendimiento. La productividad comenzó a desacelerarse, las empresas perdieron dinamismo y parte del capital buscó mejores oportunidades fuera del país. El problema no era la existencia del Estado de bienestar, sino que el entramado institucional que lo sostenía se había vuelto progresivamente menos eficiente y cada vez más difícil de financiar en el largo plazo.
Estas debilidades quedaron al descubierto con la crisis financiera de principios de la década de 1990. Suecia sufrió una profunda crisis bancaria, el desempleo aumentó con fuerza, la actividad económica se contrajo y las cuentas públicas entraron en un importante desequilibrio. Los responsables políticos comprendieron entonces que preservar un sistema generoso de protección social exigía recuperar la fortaleza de la economía privada que lo financiaba. En lugar de desmontar el Estado de bienestar o aferrarse a políticas que habían dejado de funcionar, gobiernos de distinto signo político coincidieron en la necesidad de emprender reformas profundas.
Esas reformas transformaron la economía sueca sin desmantelar su red de protección social. Se liberalizaron los mercados financieros, aumentó la competencia en numerosos sectores, el sistema de pensiones fue rediseñado para garantizar su sostenibilidad y se reforzó el marco fiscal mediante techos de gasto, objetivos de superávit presupuestario y reglas más estrictas para las finanzas públicas. Paralelamente, se redujeron los elevados tipos marginales del impuesto sobre la renta y se eliminaron tanto el impuesto sobre sucesiones como el impuesto sobre el patrimonio con el propósito de incentivar la inversión, el ahorro y el emprendimiento. Detrás de estas decisiones existía un amplio consenso político: los servicios públicos solo podrían mantenerse si las empresas seguían siendo competitivas, la innovación continuaba generando riqueza y la economía producía los ingresos fiscales necesarios para financiarlos.
La Suecia actual demuestra que un amplio sector público y una economía de mercado dinámica no son conceptos incompatibles. El país ocupa de forma recurrente los primeros puestos en los índices internacionales de innovación, competitividad y emprendimiento, al tiempo que mantiene una sanidad universal, educación financiada con recursos públicos, generosas políticas familiares y un sistema de protección social que cubre los principales riesgos a los que se enfrentan sus ciudadanos. Lejos de constituir una contradicción, este modelo responde a una clara división de funciones: los mercados generan riqueza, mientras que el Estado proporciona bienes públicos, reduce la inseguridad económica y amplía las oportunidades para el conjunto de la población.
Otro rasgo distintivo de Suecia es que la responsabilidad fiscal nunca se considera un objetivo secundario. A diferencia de otras economías avanzadas que financian de forma recurrente un elevado gasto público mediante déficits persistentes, el país opera bajo reglas fiscales diseñadas para preservar la sostenibilidad de las cuentas públicas a largo plazo. Existe un amplio consenso político en torno a la idea de que los programas sociales solo conservan su legitimidad cuando pueden financiarse de manera responsable y sin trasladar una carga creciente de deuda a las generaciones futuras.
La experiencia sueca también invita a replantear la relación entre crecimiento económico y desigualdad. Con frecuencia ambos objetivos se presentan como incompatibles, como si una sociedad tuviera que elegir entre maximizar la eficiencia económica o promover una mayor igualdad. Sin embargo, la historia de Suecia demuestra que esa dicotomía es, en buena medida, falsa. Los mercados competitivos favorecen la innovación, la inversión y el aumento de la productividad, mientras que el acceso universal a la educación, la sanidad, el cuidado infantil y los seguros sociales permite que un mayor número de personas participe plenamente en la actividad económica. En ese sentido, la libertad económica y la protección social no se excluyen mutuamente; por el contrario, pueden reforzarse cuando las instituciones funcionan adecuadamente.
Nada de esto significa que Suecia haya encontrado una fórmula perfecta. El país sigue enfrentándose a importantes desafíos, entre ellos el envejecimiento de la población, la escasez de vivienda, la integración de los inmigrantes, las listas de espera en el sistema sanitario y los costes asociados al cambio demográfico. Como ocurre con cualquier economía desarrollada, sus instituciones continúan evolucionando para responder a nuevas circunstancias, en lugar de asumir que las políticas que funcionaron en una época seguirán siendo eficaces indefinidamente.
Quizá sea precisamente esa capacidad de adaptación la mayor fortaleza de Suecia. Más que enfrentar al mercado y al Estado como si fueran proyectos irreconciliables, el país ha ido ajustando el equilibrio entre ambos conforme cambiaban las condiciones económicas. Cuando la presión fiscal resultó excesiva, se redujo; cuando las finanzas públicas perdieron solidez, se reforzaron las reglas presupuestarias; y cuando determinados programas sociales demostraron ser eficaces, se conservaron y perfeccionaron. El objetivo nunca fue la pureza ideológica, sino la sostenibilidad institucional y la capacidad de corregir el rumbo cuando las circunstancias lo exigían.
Para los países que buscan reducir la desigualdad sin renunciar al crecimiento económico, la experiencia sueca ofrece una enseñanza que merece ser tomada en serio. Un Estado de bienestar sólido no elimina la necesidad de contar con mercados competitivos, del mismo modo que una economía de mercado no puede prescindir de instituciones públicas eficaces. La prosperidad sostenible requiere de ambos. Los mercados generan la riqueza que hace posible financiar los servicios públicos, mientras que unas políticas sociales bien diseñadas amplían las oportunidades, fortalecen el capital humano y reducen la inseguridad económica.
La principal lección de Suecia no es que haya encontrado una receta infalible ni un modelo exportable sin ajustes. Su verdadero mérito consiste en haber entendido que la prosperidad y la cohesión social no son objetivos incompatibles cuando los mercados funcionan, las instituciones son sólidas y las finanzas públicas se administran con responsabilidad. Más que elegir entre Estado o mercado, Suecia demuestra que el desafío consiste en encontrar el equilibrio adecuado entre ambos y tener la voluntad política para preservarlo cuando las circunstancias cambian.
Referencias
Bergh, A. (2020). Hayekian Welfare States: Explaining the Coexistence of Economic Freedom and Big Government. Journal of Institutional Economics.
Bergh, A., & Erlingsson, G. (2009). Liberalization without Retrenchment: Understanding the Consensus on Swedish Welfare State Reforms. Scandinavian Political Studies.
Molander, P., & Nilsson, J. A. (2008). The Swedish Fiscal Policy Framework. Fiscal Studies.
