La democracia tiene un principio elemental: quienes ocupan una curul no representan intereses particulares, representan al pueblo. Al menos, en teoría, es así.
El jueves quedó claro que en el Congreso no todas las firmas tienen el mismo valor. Doce mil ciudadanos pueden esperar; una carta de los sectores más influyentes no.
La pregunta es inevitable: ¿pesa más la voluntad de miles de ciudadanos o la influencia de quienes concentran el poder económico?
Más de 12,000 dominicanos respaldaron con su firma una petición para que las tres causales fueran incluidas en el nuevo Código Penal. Independientemente de la posición que cada quien tenga sobre ese debate, esas firmas representan participación ciudadana, personas que utilizaron un mecanismo legítimo para hacer llegar su opinión al Poder Legislativo.
Sin embargo, cuando el tema llegó a la comisión, una diputada sostuvo que ese punto ya estaba discutido y, prácticamente, las firmas quedaron despachadas sin siquiera abrir un espacio para conocer su contenido. Doce mil voces reducidas a un ¡ya se discutió!.
Horas después ocurrió algo que proyectó un mensaje completamente distinto.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) remitió una comunicación solicitando modificaciones al Código Penal y planteando que su entrada en vigencia fuera aplazada. La reacción fue inmediata: la sesión fue suspendida para conocer el planteamiento.
La comparación es inevitable.
Miles de ciudadanos organizados encontraron una puerta cerrada. Una carta de empresarios fue suficiente para detener la sesión y posiblemente sea acogida.
No se trata de cuestionar el derecho del sector empresarial a expresar su posición lo tiene. Como también lo tienen las iglesias, las meretrices, los sindicatos, los motoristas, las organizaciones sociales y cualquier ciudadano. El problema aparece cuando el Congreso parece otorgar un peso distinto a unas voces y a otras no.
Porque el Poder Legislativo no fue creado para representar a los sectores más influyentes, sino para representar a toda la sociedad en igualdad de condiciones.
La imagen que queda es peligrosa para la confianza democrática. Si miles de firmas pueden ser ignoradas mientras una comunicación de un grupo con poder económico provoca una respuesta inmediata, el mensaje que recibe la ciudadanía es devastador: participar importa menos que tener influencia.
Yo voté por el PRM porque tanto ese partido como el presidente Luis Abinader, dijeron apoyar las 3 causales; pero hoy no se puede ni hacer la petición en voz alta. Me siento totalmente engañada.
El verdadero desafío del Poder Legislativo no consiste únicamente en aprobar un Código Penal. Consiste en demostrar que cada dominicano tiene el mismo derecho a ser escuchado, sin importar si llega con miles de firmas en las manos o con una carta firmada por un reducido grupo de personas con poder económico.
Porque una democracia deja de ser representativa el día en que el peso de una opinión depende de quién la firma y no de a cuántos ciudadanos representa.
