El ambiente social está enrarecido. Los “policymakers” del cambio insisten una vez más en blindar jurídicamente a los funcionarios públicos frente a la crítica ciudadana. En esta ocasión, aprobaron un Código Penal —sospechosamente con el apoyo de los partidos de oposición— a imagen y semejanza de quienes coyunturalmente ostentan el poder. No resisten que, por un grupo de WhatsApp, un video de YouTube, Instagram o cualquier otra plataforma digital, se planteen expresiones que ellos consideren ofensivas y que atentan contra su honor. Por eso, increíblemente, quieren hasta prohibir los “gestos” que laceren la dignidad de los funcionarios.
Esto, por supuesto, no sería objeto de debate en otras democracias más consolidadas, donde dentro del pluralismo político se incluye no solo el derecho a recibir “información veraz”, como parcialmente nos quieren vender los muchachos que, según Gabriel García Márquez, muchas veces salen de las academias de “Ciencias de la Comunicación” completamente desvinculados de la realidad, careciendo de la “adicción a la lectura” y de las aptitudes congénitas de este oficio: la creatividad y la práctica.
El derecho fundamental a la libertad de expresión necesita lo que los alemanes denominan “Lebensraum”, es decir, el espacio vital. Esto no solo admite la dignidad y el honor de quienes ostentan el poder, sino que, como dice el exjuez —uno de los más longevos en esa institución— de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, William Brennan: “El debate sobre asuntos de interés público debe ser sin impedimentos, robusto y ampliamente abierto, y eso puede incluir ataques vehementes, mordaces y desagradables contra funcionarios públicos”.
Existe toda una jurisprudencia internacional sustentada en la idea de que el derecho al honor de un funcionario público es menor que el del ciudadano común y, por lo tanto, debe tener la piel de cocodrilo para resistir los cuestionamientos a su gestión, aunque resulten desagradables, dada la posición social y política que deriva del cargo.
Es decir, queridos lectores, que si tuviéramos legisladores buscando referentes en otras democracias para ampliar el derecho a la libertad de expresión y reforzar sus garantías en un contexto donde se avecina un torneo electoral y la ciudadanía tiene la necesidad de expresar libremente sus emociones y razones en la esfera pública, sobrarían ejemplos para evitar crear una atmósfera tan asfixiante para la libertad de expresión. Pero, a pesar de que ya tenemos un marco constitucional al que todo el que se sienta difamado puede acudir, el interés evidentemente es otro.
¿No tengo derecho a sospechar que, debido a la negligencia, irresponsabilidad, falta de información, ausencia de auditorías creíbles y la complicidad de una Cámara de Cuentas que sirve menos que un papel de baño sucio, la ministra de Interior y Policía consiente, por las razones expuestas, una política criminal del Estado que apoya a los delincuentes con uniformes que asesinan a los ciudadanos en las calles? ¿Qué puedo pensar frente a un caso donde existen todos los elementos de prueba de un cabo que asesinó a sangre fría a un joven de 18 años en el barrio de Herrera, y la justicia lo que hace es evacuar —sí, evacuar— una sentencia de un año de prisión preventiva para enfriar el caso en la opinión pública?
Cuestioné a la ministra de Interior en La Semanal sobre el incremento de las muertes de civiles en manos de la Policía Nacional que, según la Oficina Nacional de Estadística y un riguroso trabajo del periódico Diario Libre, se triplicaron del 2020 al 2024, al pasar de 87 a 227. ¿La respuesta? Evasiva.
Es un contrasentido que, frente a la parálisis institucional, la respuesta de las autoridades sea intentar protegerse de la percepción legítima y de la reputación que construye la ciudadanía de los funcionarios públicos en función de sus acciones. No solo se quiere “criminalizar” el ejercicio de la medicina, como dicen los médicos, sino también criminalizar el ejercicio plural de la palabra en la República Dominicana.
Gracias a Dios que tenemos una sociedad civil —medios de comunicación tradicionales y alternativos, empresarios, iglesias, movimientos sociales— más madura que la clase política, cuya resonancia de voz se escucha mucho más fuerte y logró imponer una modificación al Código de quienes silenciosamente y con mucha timidez defienden la ignominiosa ley mordaza.
