El atraso dominicano sobrevive porque demasiada gente aprendió a vivir de él.
Cada vez que el país intenta cerrar una deuda histórica, aparecen los mismos administradores del pantano. Unos quieren paralizarlo todo. Otros quieren blindarlo todo. Casi siempre hablan en nombre del pueblo, aunque el pueblo termina pagando sus aplazamientos, sus cálculos y sus errores.
Eso vuelve a pasar con el nuevo Código Penal. Se nos quiere obligar a escoger entre dos disparates: detenerlo completo o aceptarlo sin tocar una coma. Como si este país solo supiera moverse entre la parálisis y la terquedad.
El Código no es perfecto. Ninguna ley de esa magnitud lo es. Pero es posible. Y en República Dominicana lo perfecto suele ser la coartada limpia de quienes han hecho carrera dejando todo sucio.
Debe entrar en vigencia.
La alternativa es seguir bajo una legislación penal de 1884, heredera del modelo napoleónico, nacida en un país que todavía venía de guerras, anexión, Restauración e inestabilidad. Pretender que esa arquitectura basta para enfrentar delitos modernos es una burla. A eso algunos le llaman prudencia. Yo le llamo atraso.
Defender la entrada de este nuevo Código no significa tragarse artículos objetables. Si hay piezas flojas, se ajustan. Lo absurdo es hundir una reforma histórica porque algunos artículos requieren revisión.
El debate más visible es la libertad de expresión, y debe ponerse en su sitio. Nadie debería ir preso por delitos puramente de palabra. La crítica, la denuncia y la fiscalización del poder deben protegerse. Pero el chantaje, la extorsión, las amenazas, los montajes dañinos o el uso abusivo de imágenes no son simples opiniones.
Si algún artículo amenaza la crítica legítima, se corrige. Pero usar ese punto para arrastrar todo el Código al aplazamiento indefinido sería volver al viejo método dominicano: encontrar un problema real y convertirlo en excusa para no resolver nada.
Porque el Código no trata solo de medios o reputación. Trata de víctimas, violencia, crimen organizado, abusos, garantías y responsabilidad penal en un país que ya no puede legislar como si viviera en el siglo XIX.
¿A quién le conviene que sigamos atrapados?
Al pueblo no. El pueblo no vive del desorden; lo padece. Ganan los que se sienten cómodos en instituciones débiles, procesos largos y discusiones que nunca aterrizan.
El atraso no siempre es accidente. A veces es método. Y cuando un método funciona para mantenerlo todo igual, siempre aparecen defensores dispuestos a llamarlo prudencia, consenso o institucionalidad.
La salida es simple, aunque aquí lo simple siempre parece una hazaña: que el Código entre, que el Congreso revise lo realmente problemático, apruebe una ley modificatoria puntual y mantenga durante un año una comisión bicameral de seguimiento.
Nada de feria de caprichos. Nada de presiones sectoriales convertidas en agenda nacional. Nada de volver al punto cero para que todos finjan preocupación mientras el país sigue igual.
Las leyes no se prueban en discursos. Se prueban en tribunales. Ahí se verá qué funciona, qué choca y qué debe ajustarse.
En nuestras cámaras, demasiadas veces, hacer dos cosas al mismo tiempo parece demasiado pedir. Al final, respetar una ley aprobada y corregir lo que deba corregirse termina convertido en histeria con corbata.
Mandar no es enamorarse de lo aprobado. Mandar es ponerlo en marcha y corregir sin arrodillarse ante el ruido.
Un país serio no paraliza su justicia por presión.
Pero tampoco convierte sus errores en monumentos.
