Durante décadas, la República Dominicana abordó el tránsito como una suma de problemas cotidianos: tapones, accidentes, desorden en las vías, transporte público insuficiente y largas horas perdidas por millones de ciudadanos para llegar a sus trabajos, centros de estudio o lugares de servicio.
Sin embargo, en los últimos años el país ha comenzado a transitar una etapa distinta. La movilidad ya no se concibe únicamente como la construcción de una carretera, la ampliación de una avenida o la solución puntual a un congestionamiento. Bajo la gestión del presidente Luis Abinader, el Estado ha venido desarrollando una visión más amplia: entender la movilidad como un sistema integrado al desarrollo nacional.
Esa concepción se expresa en hechos concretos. La extensión de la Línea 2C del Metro hacia Los Alcarrizos, concebida para conectar comunidades densamente pobladas de Santo Domingo Oeste y reducir significativamente los tiempos de traslado; el avance del Teleférico de Los Alcarrizos como parte del sistema integrado Metro-Teleférico; el Monorriel de Santiago, diseñado para transformar la movilidad de una de las principales ciudades del país; y el proyecto del Monorriel de Santo Domingo, planteado para conectar ejes estratégicos del Gran Santo Domingo, son ejemplos de una misma lógica de planificación.
A esa misma visión se suman el Sistema Nacional de Transporte Estudiantil, TRAE, que organiza de manera segura y gratuita el traslado de estudiantes, y los corredores de autobuses, que han contribuido a ordenar rutas urbanas, mejorar la calidad del servicio y ofrecer alternativas más eficientes al transporte tradicional. Ambos ejemplos demuestran que la movilidad no se está abordando únicamente desde la gran infraestructura, sino también desde servicios públicos que impactan directamente la vida diaria de las familias.
También las obras viales responden a esa visión de sistema. La Circunvalación de Azua, la Circunvalación de Baní, la modernización de tramos importantes de la Autopista Duarte, la ampliación de corredores urbanos, la Avenida Ecológica y las intervenciones en accesos estratégicos del Gran Santo Domingo no pueden verse como obras aisladas. Forman parte de una política orientada a conectar mejor el territorio, descongestionar centros urbanos, facilitar el transporte de personas y mercancías, y hacer más eficiente la relación entre provincias, puertos, zonas productivas y ciudades.
Cuando una madre tarda menos en llegar a su casa, cuando un estudiante puede llegar seguro a su escuela, cuando un trabajador puede desplazarse con mayor certeza, cuando una provincia queda mejor conectada con los centros de producción, cuando el transporte público se fortalece y cuando las vías permiten mayor fluidez para el comercio, la infraestructura deja de ser cemento y varilla para convertirse en bienestar.
Por eso, hablar de movilidad es hablar de desarrollo económico, de seguridad vial, de productividad, de equidad social y de orden territorial. Un país que se mueve mejor también produce mejor, estudia mejor, trabaja mejor y vive mejor.
Naturalmente, los desafíos siguen siendo importantes. La seguridad vial continúa demandando atención permanente. El crecimiento del parque vehicular, el uso masivo de motocicletas, la informalidad en parte del transporte y la presión urbana sobre las grandes ciudades obligan a sostener políticas públicas coherentes, integradas y permanentes.
Pero precisamente por eso resulta tan importante reconocer que la República Dominicana no parte de cero. Existe una visión en marcha. El Gobierno ha venido colocando piezas fundamentales de una nueva arquitectura de movilidad, donde las obras físicas dialogan con el transporte masivo, la planificación urbana, la educación vial, la fiscalización, la tecnología y la protección de la vida.
La gran transformación no está solo en construir más, sino en conectar mejor. No está únicamente en abrir nuevas vías, sino en lograr que esas vías formen parte de un sistema que responda a las necesidades reales de los ciudadanos y al crecimiento futuro del país.
La movilidad, entendida así, no es un tema técnico reservado a especialistas. Es una política pública profundamente humana. Tiene que ver con el tiempo de las familias, con la seguridad de los jóvenes, con la competitividad de las empresas, con la integración de los territorios y con la capacidad del Estado para anticiparse al país que estamos construyendo.
Por eso, la visión que hoy avanza debe seguir consolidándose. Porque mover mejor a la gente no es solo resolver el tránsito. Es organizar el desarrollo. Es proteger vidas. Es acercar oportunidades. Es construir, desde la planificación y la continuidad, un país más conectado, más seguro y más justo.
Deligne Ascención Burgos
