El abogado, catedrático y especialista en derecho penal y procesal penal, doctor Joaquincito Bocio Familia. (Foto: Luis Montero)
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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El abogado, catedrático y especialista en derecho penal y procesal penal, doctor Joaquincito Bocio Familia, afirmó que su aspiración a la presidencia del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) surge de la necesidad de impulsar una transformación institucional que fortalezca el ejercicio del derecho y la representación del gremio ante la sociedad.
Bocio Familia sostuvo que el país necesita una abogacía más comprometida con la responsabilidad, la calidad profesional y los valores humanos, al considerar que el ejercicio del derecho exige no solo preparación técnica, sino también sensibilidad y vocación de servicio.
Al explicar las razones de su candidatura, señaló que el Colegio de Abogados requiere recuperar el orden, la dignidad y el respeto institucional, además de fortalecer la unidad entre los profesionales del derecho.
“El Colegio de Abogados del país necesita una persona que vaya con el orden, con la dignidad y el respeto”, expresó.
Entre sus propuestas, planteó que el Colegio de Abogados de la República Dominicana tenga representación dentro del Consejo Nacional de la Magistratura, al entender que se trata de una institución de derecho público y constitucional que agrupa a los profesionales del sistema jurídico nacional.
Asimismo, propuso la creación de una comisión especializada para evaluar a los aspirantes a integrar las altas cortes del país, incluyendo la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral.
Explicó que dicha comisión debería estar adscrita al Consejo Nacional de la Magistratura, pero depender del Colegio de Abogados, y estar integrada por juristas, catedráticos y profesionales de reconocida capacidad y honorabilidad.
Bocio Familia ofreció esas informaciones durante una entrevista realizada por la comunicadora Krismeli Brito Padilla, en el programa “Con la Dra. Controversia”, transmitido a través de la plataforma digital El Nuevo Diario TV.
(Ver programa)
El jurista consideró que la formación de los futuros abogados debe estar basada en el compromiso y la responsabilidad profesional, debido a que la carrera del derecho implica la defensa de derechos fundamentales como la vida, la libertad y la propiedad.
En ese sentido, exhortó a los estudiantes de derecho a ejercer la profesión con vocación y entrega, asegurando que el ejercicio jurídico debe asumirse con amor, responsabilidad y calidad humana.
Bocio Familia también enfatizó la importancia de la ética en el ejercicio profesional y sostuvo que constituye uno de los pilares fundamentales de la carrera jurídica.
“El abogado que no tiene ética no debe ni siquiera decir que es abogado”, afirmó.
Indicó que los profesionales del derecho deben actuar con honestidad frente a sus clientes y evitar prometer resultados que no puedan garantizar, priorizando siempre la responsabilidad y la transparencia en el ejercicio de sus funciones.
Durante la entrevista, el abogado y catedrático también abordó la entrada en vigencia de la Ley 74-25, que establece el nuevo Código Penal dominicano, señalando que la nueva legislación responde a la necesidad de actualizar un sistema penal que estuvo vigente por más de 140 años.
Explicó que la nueva normativa incorpora alrededor de 73 nuevas infracciones y modifica la clasificación y el régimen de sanciones penales, fortaleciendo la tipificación de diversos delitos.
No obstante, consideró que el aumento de las penas no constituye, por sí solo, una solución efectiva para disminuir la criminalidad y la violencia.
En particular, sostuvo que en los casos de feminicidio y otros delitos graves resulta indispensable fortalecer las políticas de prevención y la actuación de las instituciones encargadas de la persecución penal.
Asimismo, manifestó que las preocupaciones expresadas por diversos sectores sobre la implementación del nuevo Código Penal deben ser escuchadas y debatidas, aunque entiende que el país debe avanzar hacia la aplicación de la nueva legislación acompañada de un amplio proceso de capacitación.
En ese sentido, afirmó que el Estado debió iniciar desde la promulgación de la ley un programa de formación dirigido a jueces, fiscales, abogados, policías y demás operadores del sistema de justicia, con el propósito de garantizar una implementación efectiva de la nueva normativa penal.
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