El gobierno dominicano ha actuado con presteza conformando un plan de asistencia humanitaria para Venezuela, la nación hermana nuestra conmocionada tras dos potentes terremotos y más de 200 réplicas, causantes de miles de muertos y desaparecidos, cientos de miles de heridos, alrededor de 1,7 millones de edificios colapsados y el estrés postraumático crónico de ansiedad y depresión colectivas, secuela del impredecible evento de la naturaleza.
Momentos después de la tragedia, el presidente Luis Abinader se comunicó vía telefónica con la mandataria interina Delcy Rodríguez, expresándole las condolencias del gobierno y el pueblo dominicanos, al tiempo que disponía el envío de un contingente inicial de rescatistas militares entrenados para actuar en situaciones extremas.
En esa labor de auxilio intervienen los ministerios de Defensa, Salud Pública, y de Relaciones Exteriores; este último envió un avión de pasajeros en misión de traer a los dominicanos residentes en Venezuela que quisieran regresar al país.
Las pérdidas son escalofriantes, según una evaluación inicial del programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD), que calcula los daños físicos directos en cerca de 6,700 millones de dólares, casi el 6% del PIB nacional. Sin embargo, el sector asegurador estima que el impacto total y los costos de reconstrucción superarán fácilmente los 10,000 millones de dólares.
Creo que el futuro a largo plazo de Venezuela dependerá por completo de la cooperación internacional, mientras Miraflores espera ahora una mayor flexibilización de las restricciones financieras del Tesoro de Estados Unidos para canalizar ayuda humanitaria y la gestión de recursos mediante las agencias de la ONU, lo cual determinará si el país logra estabilizarse, o si queda sumergido en una crisis humanitaria de mayor calado.
El presidente Donald Trump, quien ha convertido a Venezuela en su segundo exportador de petróleo desde que apresó a Nicolás Maduro en enero, anunció el envío de 150 millones de dólares para financiar el desastre sísmico, pero esa cifra es a todas luces insuficiente comparada con lo que ha sacado USA del gobierno chavista.
Pero el desastre expone crudamente décadas de falta de mantenimiento urbano y disparidad socioeconómica, puesto que más de 1,7 millones de edificios sufrieron daños en Caracas, La Guaira, Miranda y Carabobo. Según informes, la destrucción afecta de manera desproporcionada a las construcciones informales en zonas populares, dejando a miles de familias damnificadas y durmiendo a la intemperie en las calles.
Además, el sismo afectó críticamente a hospitales que ya operaban con severas carencias, desbordados por los miles de heridos que genera la crisis sanitaria inmediata, secuela de los movimientos telúricos de 7.2 y 7.5 en la escala Richter, ocurridos el pasado miércoles.
