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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– En la sesión ordinaria celebrada este martes el Senado acogió las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados al proyecto que modifica la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, iniciativa que introduce cambios dirigidos a fortalecer el manejo de los desechos, actualizar el esquema de contribución económica y promover prácticas más sostenibles en el país.
Entre los principales ajustes aprobados figura una mayor flexibilidad para el manejo de los residuos, permitiendo que los generadores que contraten gestores autorizados puedan entregarlos clasificados en orgánicos e inorgánicos, así como destinarlos directamente a procesos de valorización o aprovechamiento.
La pieza también sustituye el modelo anterior de contribución especial por una escala basada en los ingresos anuales de las personas jurídicas, con aportes que oscilarán entre RD$5,000 y RD$2.2 millones, montos que serán actualizados anualmente conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Banco Central.
Asimismo, establece que la contribución será obligatoria para todas las personas jurídicas e instituciones públicas y privadas, con excepción de las organizaciones sin fines de lucro.
En el caso de las empresas privadas, el pago se realizará en dos cuotas semestrales a través de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), mientras que las entidades públicas recibirán los recursos mediante el Presupuesto General del Estado.
La normativa establece que los fondos recaudados serán destinados al fortalecimiento de la gestión integral de residuos en los municipios y distritos municipales, incluyendo la construcción y operación de estaciones de transferencia, rellenos sanitarios, plantas de valorización y otras obras contempladas en el fideicomiso creado para esos fines.
Asimismo, incorpora un tratamiento especial para empresas con márgenes regulados y para los comisionistas, además de permitir que la contribución pueda ser deducida de la renta bruta conforme a lo establecido en el Código Tributario.
Otro de los cambios acogidos por la Cámara Alta es la prohibición de importar pajillas, vasos, cubiertos y otros productos de plástico o foam de un solo uso que no cuenten con certificación de biodegradabilidad.
La disposición impulsa el uso de alternativas sostenibles, como productos elaborados con papel reciclado, bagazo de caña, bambú y otros materiales compostables, y entrará en vigor seis meses después de la promulgación de la ley.
La iniciativa también incorpora disposiciones transitorias para facilitar la aplicación de los nuevos montos de contribución y permitir que las empresas que aún no han realizado los pagos correspondientes puedan hacerlo durante los meses de julio y diciembre de 2026.
Con la decisión del Senado de acoger las modificaciones introducidas por los diputados, el proyecto avanza hacia su etapa final de aprobación, con el propósito de modernizar el marco legal para la gestión de los residuos sólidos y fortalecer el financiamiento de los sistemas de limpieza y disposición final en todo el territorio nacional.
La nueva Ley ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación, proceso que definirá la entrada o no en vigencia de la misma.
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