Santo Domingo-La abogada tributarista Pablita Cabrera Martínez presentó una acción directa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en contra de varios aspectos de la Ley 30-26, sobre medidas para el crecimiento económico y la mitigación de la crisis internacional, al considerar que vulneran derechos fundamentales de los contribuyentes.
Cabrera, especialista en litigios tributarios, penales y corporativos, impugna el párrafo IV del artículo 2 y el literal A del artículo 17 de la normativa, al entender que ambas disposiciones contravienen principios constitucionales.
En relación con el artículo 17, explicó que la ley establece una retención del 15 % sobre los pagos por alquileres de bienes muebles e inmuebles sin diferenciar entre personas físicas y jurídicas, ni delimitar quiénes tienen la condición de agentes de retención.
“A nuestro juicio, la norma impone obligaciones de manera amplia a personas que no han sido designadas legalmente como agentes de retención, lo que genera inseguridad jurídica y posibles conflictos en su aplicación”, sostuvo.
La jurista, quien representa a la Asociación de Emprendedores Unidos por el Desarrollo y la Libertad (EMUDELI), también cuestionó el párrafo IV del artículo 2, al considerar que condiciona la posibilidad de recurrir decisiones tributarias a la consignación previa del monto reclamado, lo que, según afirma, podría facilitar la adopción de medidas como embargos por parte de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Cabrera entiende que esta disposición afecta garantías constitucionales como el debido proceso, el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, al imponer, según su interpretación, una carga económica antes de que el contribuyente pueda ejercer plenamente su derecho de defensa.
La acción fue depositada ante el Tribunal Constitucional con el objetivo de que ambas disposiciones sean revisadas por considerar que resultan incompatibles con la Constitución de la República Dominicana.
