Perú puso en marcha por primera vez el acuerdo de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MERESE) de carácter no financiero, una iniciativa que busca proteger ecosistemas altoandinos que abastecen de agua a más de 3.000 habitantes del norte del país, informó este viernes el Ejecutivo.
A través de un comunicado, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) indicó que, a diferencia de otros mecanismos de compensación ambiental basados en aportes económicos, este modelo se sustenta en compromisos de conservación asumidos por los propios usuarios del agua.
La iniciativa busca mantener y recuperar pajonales y bofedales, ecosistemas fundamentales para la recarga de acuíferos y la regulación natural del recurso hídrico durante los periodos de sequía», apuntó el Sernanp, organismo adscrito al Ministerio del Ambiente.
El Santuario Nacional de Calipuy, ubicado en la región de La Libertad, en el norte de Perú, protege cerca de 4.500 hectáreas de ecosistemas altoandinos y cumple una función importante en la conservación de cabeceras de cuenca que abastecen de agua a comunidades rurales de la región.
Actualmente, al menos seis caseríos cuentan con infraestructura de agua potable cuya captación depende de ecosistemas conservados dentro del área natural protegida.
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El acuerdo fue suscrito entre el Sernanp y las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento de los centros poblados de El Molle y El Zaile, cuyas poblaciones dependen directamente de las fuentes hídricas que nacen en las microcuencas protegidas por el Santuario Nacional de Calipuy.
La seguridad hídrica de miles de familias comienza en estos ecosistemas altoandinos. Este acuerdo demuestra que la conservación puede construirse desde la corresponsabilidad entre el Estado y las comunidades que dependen directamente del agua», señaló el presidente ejecutivo del Sernanp, José Carlos Nieto.
Agregó que en un contexto de cambio climático, conservar bofedales y pajonales es «una inversión en el futuro y en la seguridad hídrica de las comunidades».
Especialistas en conservación consideran que este tipo de mecanismos podría convertirse en una alternativa replicable en otras áreas naturales protegidas del país, especialmente en un contexto de creciente presión sobre las fuentes de agua y mayor vulnerabilidad frente al cambio climático.
