El reciente fallo del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que favoreció con un “no ha lugar” a los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta dentro del expediente Calamar ha reavivado el debate sobre la efectividad del sistema judicial en los procesos de corrupción administrativa.
La jueza Altagracia Ramírez decidió excluir a cinco imputados del caso, entre ellos Castillo y Peralta, al considerar que las pruebas presentadas por el Ministerio Público no sustentaban una acusación que justificara la apertura de juicio.
Gonzalo Castillo
Sin embargo, otros 35 acusados, incluyendo al exministro de Hacienda Donald Guerrero y al abogado Ángel Lockward, sí deberán enfrentar juicio de fondo. El Ministerio Público, encabezado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), anunció que apelará la decisión, alegando que hubo una incorrecta valoración de las evidencias y testimonios.
Este tipo de fallos no es nuevo en la historia judicial dominicana. En el caso Odebrecht, figuras como Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón enfrentaron acusaciones, pero recibieron decisiones que limitaron las imputaciones.
Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón
Organizaciones como Participación Ciudadana han advertido que la figura del “no ha lugar” se ha convertido en un punto crítico en la lucha contra la corrupción, pues deja fuera a actores políticos de alto perfil mientras otros sí son enviados a juicio de fondo.
