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Advierten riesgos legales y de seguridad para el país por memorando firmado con EEUU

SANTO DOMINGO.– El movimiento cívico Participación Ciudadana solicitó al Gobierno dominicano dejar sin efecto el memorando de entendimiento (MOU) firmado recientemente con los Estados Unidos, el cual permite el ingreso temporal y excepcional de ciudadanos extranjeros deportados desde territorio estadounidense en tránsito hacia sus países de origen.

El Consejo Nacional de la organización advirtió que esta medida genera serios cuestionamientos, así como riesgos legales y de seguridad que la nación podría no ser capaz de evadir.

La entidad reclamó la publicación inmediata del texto completo del acuerdo para evitar especulaciones. Asimismo, señaló que la experiencia de países como Panamá, Costa Rica, Guatemala y El Salvador con pactos similares no ha sido favorable, lo que obliga a una profunda reflexión sobre las implicaciones de recibir a personas cuyos antecedentes se desconocen.

Entre los principales riesgos jurídicos, el colectivo destacó que, al ingresar con el consentimiento de las autoridades dominicanas, estos extranjeros no estarían violando las leyes locales.

En consecuencia, si se les impone cualquier restricción de movimiento, podrían recurrir a un recurso de hábeas corpus para exigir su completa libertad en suelo dominicano.

La organización también cuestionó aspectos logísticos y de derechos humanos, tales como el lugar de retención, la disponibilidad de intérpretes judiciales y el protocolo a seguir si los deportados no pueden regresar a sus países de origen por amenazas a sus vidas o impedimentos de entrada.

Finalmente, Participación Ciudadana alertó que, aunque un memorando de entendimiento es técnicamente un precontrato no vinculante, dicha condición se perdería en el momento en que ingrese el primer grupo de deportados, generando obligaciones ineludibles para el Estado.

El pronunciamiento concluye vinculando este escenario con otros hechos recientes, como la renovación del uso de bases aéreas dominicanas por parte de Estados Unidos y la declaración gubernamental de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista, factores que, a su juicio, elevan el riesgo de represalias internacionales para el país.

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