Más de un sector del sistema judicial anunció la realización de una huelga de 24 horas en distintos palacios de justicia del país, en reclamo por el presunto incumplimiento de acuerdos alcanzados en los años 2017 y 2022.
De acuerdo con los jueces convocantes, el descontento entre los servidores judiciales ha ido en aumento debido a que, según alegan, no se han cumplido compromisos previamente establecidos, lo que ha generado una serie de demandas laborales y administrativas dentro del sistema.
Reclamos del paro
A la paralización también se ha sumado el gremio Judemo, el cual exige la indexación salarial, la reposición y contratación de personal, así como la revisión de la carga laboral, entre otras reivindicaciones que consideran urgentes para el correcto funcionamiento del sistema de justicia.
La convocatoria a huelga ha generado preocupación entre abogados y usuarios del sistema judicial, quienes advierten sobre los posibles inconvenientes que esta medida podría causar en la tramitación de casos y audiencias. Algunos juristas consultados consideran que el diálogo sigue siendo la mejor vía para resolver las diferencias y evitar mayores afectaciones a la ciudadanía.
Impacto y respuesta
En ese sentido, se informó que para el próximo día 19 está prevista una reunión del Consejo del Poder Judicial, donde se analizarán las demandas presentadas por los jueces convocantes, con la intención de buscar soluciones a las inquietudes planteadas.
La situación se da en un contexto en el que también se menciona la gestión del magistrado Luis Henry Molina al frente del Poder Judicial, cuyo período se encuentra vencido y pendiente de evaluación por parte del Consejo Nacional de la Magistratura.
Aclaración de la jueza
- Sin embargo, la jueza Yocauri Morales aclaró que las actuales demandas no guardan relación con ese tema, sino con asuntos estrictamente laborales y administrativos.
Las autoridades judiciales aún no han anunciado medidas concretas ante la convocatoria, mientras se espera el desarrollo de la reunión pautada y posibles acuerdos que permitan evitar la paralización total del sistema judicial.
