Pablo Ulloa. (Foto: El Nuevo Diario)
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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El defensor del pueblo, Pablo Ulloa, respaldó este martes la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), en torno a ocupaciones en áreas protegidas como el Parque Nacional Jaragua y condenó dicha acción indicando que constituye un crimen organizado al patrimonio nacional.
“Respaldo la decisión de la PGR, encabezada por la procuradora Yeni Berenice, de abrir una investigación penal exhaustiva y crear una fuerza de tarea especial para perseguir estas redes”, indicó en una publicación colgada en su cuenta de X.
Ulloa manifestó que la Constitución obliga al Estado a defender el interés general y los derechos colectivos, por lo establecido en los Artículos 7 y 8.
Asimismo, sostuvo que la protección a las áreas protegidas del país, también están amparadas en el acápite 38 de la Carta Magna, donde recuerda que la dignidad es responsabilidad esencial de los poderes públicos; y los Arts. 66 y 67 establecen la protección del medio ambiente y de los intereses colectivos y difusos como mandato constitucional, no como retórica.
El Defensor del Pueblo, indicó que el patrimonio nacional no debe ser objeto de negocios ni convertirse en zonas ocupadas bajo amenazas.
“Se investigan las redes, se judicializan los responsables (incluyendo cómplices internos), se recuperan los terrenos y se cierran las brechas del sistema que permiten que el delito parezca propiedad. Porque el territorio no es botín y la ley no puede seguir llegando tarde” concluyó.
Sobre investigación de la PGR
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó el domingo que trabajará de manera conjunta con la Procuraduría General de la República (PGR) para investigar ocupaciones ilegales y posibles fraudes inmobiliarios dentro de áreas protegidas del país, incluyendo el Parque Nacional Jaragua y Valle Nuevo.
Según la institución, la iniciativa busca perseguir los ilícitos penales que se produzcan en estos espacios naturales como parte del compromiso de fortalecer su defensa jurídica y garantizar mayor seguridad en la protección del patrimonio ambiental.
Las pesquisas serán realizadas por un equipo especial interinstitucional que elaborará un informe nacional sobre las 134 áreas protegidas que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), con el objetivo de identificar irregularidades y establecer responsabilidades.
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