LIMA – El periodista peruano Mitzar Castillejos falleció este viernes tras haber sido herido hace dos semanas por desconocidos, que le dispararon con armas de fuego cuando se dirigía a conducir un programa de radio en la ciudad de Aguaytía, en la región amazónica de Ucayali, informó la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP).
«Falleció el periodista Mitzar Castillejos a 14 días del atentado contra su vida», informó la ANP en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.
El gremio remarcó que Castillejos es el cuarto periodista asesinado en 2025 en Perú, ya que lo mismo sucedió con Gastón Medina, en la ciudad sureña de Ica; Raúl Celis, en la amazónica de Iquitos; y Fernando Núñez, en la norteña Pacasmayo.
«La ANP transmite sus condolencias a la familia, y exige a la Policía y a la Fiscalía una investigación diligente para apresar a los responsables», agregó.
Castillejos fue trasladado el pasado 18 de diciembre a Lima desde el hospital de la ciudad selvática de Tingo María al Hospital María Auxiliadora de Lima, según informó en ese momento el Ministerio de Salud (Minsa)
Poco antes, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP), el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) y la ANP habían exigido a las autoridades nacionales que lo trasladen a la capital peruana porque su salud se estaba agravando.
Durante el ataque, que se produjo cuando se dirigía a conducir un programa de radio en Aguaytía, a unos 650 kilómetros de Lima, el periodista recibió tres disparos en el brazo derecho y en el abdomen.
Tras este atentado, los gremios de prensa denunciaron que 2025 ha sido «un año nefasto» para la prensa en Perú, por los asesinatos, atentados y ataques que se presentaron en todo el país.
En octubre pasado, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también sostuvo que este año ha sido uno de los peores en las últimas décadas para la libertad de prensa en Perú.
Además de los ataques directos, se ha presentado una persecución judicial contra periodistas críticos, campañas de desinformación, estigmatización de voces disidentes, restricciones al acceso a la información pública y propuestas legislativas que amenazan directamente las libertades informativas, denunció la SIP.
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