Puerto Príncipe. Haití continúa por tercer año consecutivo bajo la categoría de “caso especial” en materia de trata de personas, en un contexto marcado por el avance de las pandillas, la violencia generalizada y el debilitamiento de las instituciones encargadas de combatir este delito, según el 2026 Trafficking in Persons Report.
El informe señala que el control territorial ejercido por las bandas armadas ha limitado severamente la movilidad de ciudadanos y funcionarios, especialmente en Puerto Príncipe, al tiempo que ha dificultado el funcionamiento de los tribunales, la Policía Nacional y los servicios destinados a proteger a las víctimas.
La crisis de seguridad también ha reducido la capacidad del Estado para investigar y perseguir a los responsables de trata. Durante el período analizado, el Gobierno haitiano no reportó investigaciones, procesos judiciales ni condenas por delitos de trata de personas, por segundo año consecutivo.
Pandillas y menores, entre los principales riesgos
Los niños figuran entre las principales víctimas potenciales de las redes de explotación. El informe advierte que las pandillas reclutan menores para actividades criminales, mientras que las niñas enfrentan un riesgo particularmente elevado de explotación sexual y servidumbre doméstica.
Una de las formas más extendidas de explotación infantil continúa siendo el sistema conocido como “restavek”, mediante el cual niños son enviados a vivir y trabajar en hogares ajenos. Muchos sufren abusos físicos, no reciben remuneración y tienen un acceso considerablemente menor a la educación.
El reporte también identifica la explotación de menores en sectores como la agricultura, el trabajo doméstico, la construcción, la pesca, la mendicidad y las ventas ambulantes.
La situación se ha agravado por el desplazamiento interno. Una organización internacional estima que más de 1,4 millones de personas se encuentran desplazadas dentro de Haití, muchas de ellas en asentamientos informales y zonas bajo control de grupos armados.
Según el informe, cerca del 50 % de los integrantes de las pandillas serían menores de edad y el reclutamiento infantil aumentó un 200 % durante 2025. Las organizaciones criminales utilizan incluso las redes sociales para atraer a niños mediante una imagen falsa de éxito y oportunidades.
Débil respuesta institucional
La Policía Nacional Haitiana cuenta oficialmente con más de 10.000 agentes, pero alrededor de 400 estaban dedicados activamente a combatir a las pandillas en Puerto Príncipe. En contraste, las autoridades estiman que los grupos criminales cuentan con cerca de 12.000 integrantes, de los cuales hasta 4.000 estarían armados.
El informe destaca que los recursos policiales en la capital están concentrados casi por completo en el combate contra las bandas. No se registraron esfuerzos específicos para investigar o detener a integrantes de estos grupos por actividades relacionadas con la trata.
A esto se suma la falta de recursos del sistema judicial. La violencia provocó el cierre de tribunales y afectó tanto al personal como a la infraestructura judicial, reduciendo aún más la capacidad del Estado para procesar los delitos.
En abril de 2025, el Gobierno creó una unidad judicial especializada para investigar graves violaciones de derechos humanos, incluida la trata de niños. Sin embargo, no se informó cuántos casos fueron presentados ante esta instancia.
Pocas víctimas identificadas y escasa asistencia
Por segundo año consecutivo, las autoridades no reportaron la identificación ni la derivación de víctimas de trata hacia servicios de protección.
La falta de capacitación de los funcionarios que tienen el primer contacto con las víctimas constituye uno de los principales obstáculos. Además, muchas personas explotadas evitan identificarse como víctimas por temor a represalias y por el estigma social.
El Gobierno tampoco proporcionó directamente refugio, atención sanitaria, asistencia psicológica, servicios legales o ayuda para la repatriación de víctimas adultas, por lo que continúa dependiendo en gran medida de organizaciones de la sociedad civil.
La situación es especialmente compleja para los menores. El Instituto de Bienestar Social e Investigación (IBESR) es la principal institución estatal encargada de proporcionar atención a niños víctimas de trata, pero sus recursos son limitados.
El organismo enfrenta, además, dificultades para supervisar los orfanatos y hogares de acogida. De las 754 instituciones que se conocían en funcionamiento, solo 179 estaban registradas.
Escuelas cerradas y mayor vulnerabilidad
La violencia también ha golpeado el sistema educativo. El informe señala que 1.606 escuelas fueron cerradas, principalmente en el área de Puerto Príncipe, lo que limita las posibilidades de utilizar los centros educativos como espacios de prevención y protección frente a la trata y el reclutamiento por parte de las pandillas.
En Tabarre, la Policía Comunitaria Educativa puso en marcha, junto con organizaciones de la sociedad civil, un proyecto piloto destinado a atender diariamente a hasta 50 niños considerados en riesgo de ser reclutados por grupos criminales.
Sin embargo, el alcance de estas iniciativas continúa siendo reducido frente a la magnitud del problema.
Riesgos en la frontera con República Dominicana
El informe también identifica importantes riesgos de trata en la frontera entre Haití y República Dominicana. Los haitianos que cruzan la frontera, incluidos migrantes y personas deportadas, pueden quedar expuestos a redes de explotación laboral y sexual.
Entre las modalidades señaladas figuran el trabajo forzoso en los sectores dominicanos de la construcción, los servicios y la agricultura, así como la explotación sexual en la industria turística.
Los migrantes haitianos también pueden ser explotados por redes de tráfico de personas que recurren al endeudamiento y a falsas promesas de empleo. El reporte documenta, además, riesgos para niños haitianos trasladados a República Dominicana con el objetivo de continuar viaje hacia otros países.
Observadores han denunciado asimismo presuntos casos de corrupción y posibles vínculos de funcionarios policiales y de inmigración con delitos de trata en la frontera entre ambos países.
Un nuevo plan contra la trata
Pese a las dificultades, el Gobierno haitiano adoptó algunas medidas. En diciembre de 2025 publicó una estrategia nacional contra la trata de personas que contempla un plan de acción para el período 2025-2035.
El documento incluye campañas de sensibilización en comunidades vulnerables próximas a la frontera con República Dominicana, mejoras en los servicios sociales, capacitación de policías y jueces, y mecanismos para identificar a las víctimas y proporcionarles asistencia legal y psicológica.
En septiembre de 2025, además, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas autorizó la creación de una Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) destinada a combatir a los grupos armados y coordinarse con las autoridades haitianas.
No obstante, el informe advierte que la misión multinacional de apoyo a la seguridad, creada previamente para respaldar a la Policía Nacional, ha resultado limitada por la falta de financiación, personal y equipamiento.
Mientras la violencia y el control territorial de las pandillas continúen debilitando al Estado, Haití seguirá enfrentando enormes dificultades para prevenir la trata, identificar a sus víctimas y llevar a los responsables ante la justicia.
