Santo Domingo. – El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) calificó este jueves de «desafortunada e innecesaria» la sentencia del Tribunal Constitucional (TCRD) que declaró inconstitucionales las normas penales que castigan las relaciones homosexuales entre miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Trajano Vidal Potentini dijo que ese tribunal «utilizó un test de constitucionalidad inaplicable para un ámbito que, por su naturaleza, responde a una mística de trabajo, disciplina y sujeción especial propia de los cuerpos castrenses y policiales».
En ese sentido, advirtió que la decisión no solo tiene repercusiones en el ordenamiento jurídico dominicano, sino que también podría proyectarse internacionalmente por el precedente que establece en materia de despenalización de relaciones entre personas del mismo sexo en cuerpos cástrense, contemplados en el Código de Justicia Militar y el Código de Justicia Policial.
Asimismo, en un comunicado, Potentini apuntó que en el Derecho Constitucional existe la figura del estado de sujeción especial, que describe la condición en la que una persona, de manera voluntaria y con pleno conocimiento, se somete a un régimen disciplinario especial y particular al ingresar a instituciones como las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional.
En su sentencia, el TCRD señaló que estas normas impugnadas «violan el principio de razonabilidad, discriminan de manera injustificada a las personas por su orientación sexual, afectan la intimidad, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho al trabajo» de las personas que forman parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, por lo cual ordenó su expulsión del ordenamiento jurídico de esas instituciones.
Las prohibiciones castigan con penas de hasta un año de prisión correccional cuando se trata de un oficial y de seis meses cuando corresponde a un alistado.
De esta manera, el TCRD acogió un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por dos personas contra ambas normativas.
Criticó la sentencia que, afirmó, representa «un atentado directo contra las buenas costumbres, la moral pública y los valores tradicionales que han guiado históricamente a la sociedad dominicana».
Además, esto constituye «un peligroso precedente con potencial para impactar la disciplina y el orden interno en las instituciones armadas».
La sentencia el Tribunal Constitucional, además, «relega el principio de autoridad moral que debe prevalecer en cuerpos como la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas», al tiempo que entiende que la decisión podría generar conflictos internos y contradicciones con los reglamentos militares vigentes.
Por último, propuso un amplio debate nacional sobre «los límites constitucionales, los valores sociales y el impacto de este tipo de decisiones en el orden institucional». EFE
