Foto ilustración El Nuevo Diario.
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO, R.D. – El activista cívico Ramón Leonardo adviertió este viernes que, se opone firmemente a la presunta intención de introducir las relaciones homosexuales como «política institucional» en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, argumentando que esta medida es una violación a la Constitución y un ataque a la moral dominicana.
Leonardo, autodenominado «fiel guardián de la Constitución», califica la iniciativa como un acto de “ingeniería social” y un asalto directo a la estructura moral y jurídica de la República Dominicana. El activista basa su argumento en la supremacía constitucional, recordando que el Artículo 6 somete a todas las autoridades a la Carta Magna, con especial énfasis en el Artículo 55, que reconoce a la familia como la institución natural formada entre un hombre y una mujer.
«Esto no es un detalle menor: es la base moral y cultural de la sociedad dominicana», afirmó Leonardo. «Ninguna corte, por más alta que sea, puede crear valores nuevos, desnaturalizar instituciones, ni forzar al país a aceptar políticas ajenas a nuestro marco moral y jurídico.» Según su criterio, convertir a las Fuerzas Armadas o la Policía en “escenarios de experimentación sexual o ideológica” sería una violación directa a este fundamento constitucional.
Leonardo hace hincapié en el carácter esencial de los cuerpos armados, citando los artículos 252, 253 y 254 de la Constitución, que definen a las instituciones militares como obedientes, no deliberantes, apolíticas y regidas por la disciplina, subordinación y cohesión interna. Subraya que convertir en ‘política institucional’ las relaciones homosexuales es una intrusión ilegal y una ruptura directa con los principios militares.
El activista enfatiza que esta propuesta es una imposición ideológica ajena a la identidad nacional, sin mandato constitucional o exigencia operativa. «El pueblo dominicano no ha pedido esta reforma. No figura en ninguna ley», puntualiza. El comunicado lanza una clara advertencia a la rama judicial, indicando que una corte que se atribuye el poder de modificar la moral pública sin base legal, está desnaturalizando su propia función y violando el principio constitucional de separación de poderes.
Leonardo concluye con una firme promesa: «No permitiremos que agendas internacionales, disfrazadas de ‘derechos’, desbaraten las bases morales del país, ni que utilicen nuestras instituciones armadas como trampolín para imponer valores que la Constitución no reconoce y el pueblo no acepta.» El mensaje final es directo: La Constitución no se negocia, y el pueblo dominicano defenderá su soberanía moral con la misma determinación con la que defendió su libertad.
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