La profunda crisis política, institucional y de seguridad que atraviesa Haití representa uno de los mayores desafíos para la estabilidad del Caribe. Para la República Dominicana, que comparte con esa nación una frontera y una compleja realidad histórica, constituye además una responsabilidad permanente: proteger su soberanía, preservar la seguridad de sus ciudadanos y actuar con prudencia frente a una situación cuyas soluciones trascienden nuestras capacidades nacionales.
Desde el inicio de su gestión, el presidente Luis Abinader ha sostenido una persistente labor diplomática para situar la crisis haitiana entre las prioridades de la comunidad internacional. Su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre pasado, y su reciente encuentro con el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, evidencian la continuidad de ese esfuerzo.
La presencia de fuerzas internacionales en Haití representa un avance hacia el reconocimiento de una responsabilidad compartida, reclamada reiteradamente por nuestro país. Aunque sus resultados enfrentan importantes desafíos, estas iniciativas reflejan una mayor comprensión internacional de la gravedad de la crisis y de las legítimas preocupaciones dominicanas.
La defensa de nuestras fronteras no debe confundirse con hostilidad hacia el pueblo haitiano. Se trata del derecho soberano de un Estado a preservar su integridad territorial y garantizar la seguridad de su población, dentro del respeto al derecho internacional.
Esa visión ha tenido expresiones concretas. La construcción de la verja perimetral fronteriza, junto con el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la incorporación de mayores capacidades de vigilancia terrestre, marítima y aérea, responde a una política preventiva orientada a proteger el territorio nacional.
La reciente participación de El Salvador en los esfuerzos internacionales relacionados con Haití añade un elemento de actualidad a este escenario. La disposición expresada por el presidente Abinader de colaborar mediante apoyo logístico, sin comprometer tropas dominicanas en territorio haitiano, refleja una posición que combina cooperación internacional y claridad sobre las responsabilidades nacionales.
Pero la firmeza en materia de seguridad debe estar acompañada de responsabilidad institucional. La protección de la soberanía y el respeto a los derechos humanos no son principios incompatibles. Por el contrario, su observancia conjunta fortalece la legitimidad de las decisiones del Estado y la confianza en sus instituciones.
Pese al deterioro de las condiciones de seguridad en Haití, la República Dominicana ha procurado preservar su estabilidad mediante una combinación de prevención, vigilancia fronteriza y acción diplomática. Ello no significa desconocer los riesgos existentes, sino reconocer la importancia de anticiparlos y gestionarlos responsablemente.
Defender la soberanía exige algo más que levantar barreras físicas. Requiere visión estratégica, instituciones fortalecidas y diplomacia persistente.
Ese es el verdadero sentido de una política de Estado: defender con firmeza nuestra soberanía, actuar con responsabilidad ante la comunidad internacional y preservar la dignidad humana. Porque frente a una crisis de esta magnitud, gobernar con responsabilidad no consiste únicamente en responder a las amenazas, sino en anticiparlas, proteger a la nación y garantizar su estabilidad.
