Cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Reza el sabio refrán español. Nos advierte precaución. Suspicacia. Podemos ser víctimas de lo que ocurre con nuestros vecinos.
Una avalancha de marroquíes cruzó nadando hacia la ciudad española de Ceuta. Sin ningún tipo de control. Sin antecedentes penales. Algunos cifran en cincuenta mil. Otros en cuarenta mil. Sin saber si pertenecen a una célula fundamentalista islámica. O, sencillamente, personas en busca de una mejor vida. ¿Quién sabe?
Ese es el problema de los flujos migratorios ilegales. Resquebrajan las leyes y destruyen el concepto básico que debe caracterizar un Estado: el uso legítimo de la violencia dentro de un territorio. El Estado español lucía impotente.
La mayoría de marroquíes son musulmanes. El mundo atraviesa una guerra donde los fundamentalistas islámicos procuran la “desoccidentoxicación” —como ha sido su tradición histórica— y ya han anunciado que tomarían represalias. En un momento donde se debería tener más control de la cualificación de quienes ingresan a un territorio.
Los dominicanos debemos poner las barbas en remojo. Insistir. La comunidad internacional debe cumplir con lo estipulado en la resolución que emitió el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la Fuerzas de Eliminación de Pandillas. Las barbas de nuestros vecinos más cercanos están ardiendo porque más del ochenta por ciento de su territorio está controlado por bandas criminales. Sí, esas bandas que han provocado un desplazamiento de casi dos millones de personas hambrientas y que pudiera estimular el caos en nuestro país fomentando esos flujos migratorios masivos hacia la parte este de la isla.
En el pasado reciente vimos las caravanas de migrantes centroamericanos que marchaban hacia los Estados Unidos, con el consentimiento de Estados irresponsables que la fomentaban y redes criminales que se nutren del tráfico de drogas, armas ilegales y personas.
Las migraciones son necesarias siempre y cuando sean cualificadas en función de las necesidades de los Estados. Y cuando los que deciden por la razón que fuera vivir en otro territorio, tienen disposición de integrarse a la cultura, respetan las normas de convivencia, aportan impuestos al Estado que los recibe para costear los servicios de salud, educación, transporte y seguridad. No cuando ven al Estado receptor como enemigos de su cultura, su lengua, su religión, su historia y sus hábitos; y una supuesta decadencia —en función de sus prejudicios— a las que hay que combatir desde los extremos.
