Santo Domingo. – El presidente de la República, Luis Abinader, destacó durante su rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional que el trabajo articulado entre el Gobierno y sus instituciones, ha permitido alcanzar logros históricos en la protección de los consumidores dominicanos.
“Cuando trabajamos juntos es posible lograr cosas extraordinarias”, expresó el mandatario, al resaltar que en los últimos cuatro años en la República Dominicana no se ha registrado ni un solo fallecimiento por consumo de alcohol adulterado.
Asimismo, subrayó que en ese mismo período no se han producido agresiones con el denominado “ácido del diablo”, una sustancia que en el pasado causó graves tragedias humanas.
Con estas afirmaciones, el jefe del Estado otorgó un firme espaldarazo a la labor desarrollada por el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, bajo la dirección ejecutiva del doctor Eddy Alcántara, entidad responsable de velar por la defensa de los derechos de los consumidores.
Cabe recordar que en septiembre de 2021, durante un acto organizado por Pro Consumidor en el marco del Día Nacional de los Derechos del Consumidor, el presidente Abinader instruyó a la institución a encabezar un equipo multiinstitucional para erradicar la comercialización y el uso del llamado “ácido del diablo” en el país.
En aquella ocasión, el mandatario fue enfático: “Yo quiero que, en los próximos meses, ese desgraciado ácido del diablo desaparezca de la República Dominicana”, reafirmando su compromiso de impulsar una regulación más estricta y el endurecimiento de las sanciones contra quienes comercializaran esa sustancia.
A partir de esa directriz, Pro Consumidor desplegó una labor intensiva de inspección y fiscalización en todo el territorio nacional, ejecutando operativos permanentes que permitieron controlar la venta ilegal de ese químico y fortalecer la vigilancia sobre bebidas alcohólicas adulteradas.
El reconocimiento público hecho por el presidente Abinader en su rendición de cuentas consolida estos resultados como un hito en materia de protección al consumidor, salud pública y seguridad ciudadana, evidenciando que la coordinación institucional puede traducirse en políticas efectivas que salvan vidas y previenen tragedias.
