SANTO DOMINGO.– Acogiendo la petición del Ministerio Público, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dispuso la separación de Elías Caamaño Pérez del expediente matriz contra la red criminal que distribuyó sobornos por más de 108 millones de pesos para obtener contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
El Ministerio Público informó al tribunal que Caamaño Pérez, excoordinador de Seguridad Patrimonial de la Dirección Ejecutiva del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), presentó una licencia médica que lo mantendrá recluido por 15 días calendario.
El juez Deiby Timoteo Peguero fijó la audiencia del acusado para el lunes 16 de noviembre de 2026, a las 9:00 de la mañana, y ordenó al órgano acusador presentar la acusación.
El Ministerio Público fue representado por las procuradoras de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), y Rosa Pichardo, junto a los fiscales litigantes Ernesto Guzmán Alberto, Elizabeth Paredes y Yoneivy González.
Los fiscales presentaron su acusación contra 14 personas físicas y jurídicas que integraban la red desmantelada con la Operación Lobo. La acusación se sustenta en 218 pruebas documentales, 99 testimoniales, 64 actos procesales, 32 peritajes y 31 pruebas materiales.
El tribunal fijó la continuación de la audiencia preliminar para el viernes 30 de octubre, a las 9:00 de la mañana, hasta que concluyan todas las defensas.
En julio, el Ministerio Público presentó acusación y solicitó apertura a juicio contra los 14 imputados. Entre ellos figuran Quilvio Rodríguez González, representante de Servicio Nacional de Seguridad Integral S.R.L. (Senase); Bolívar Nicolás Fernández Espinal, exencargado de Seguridad de Edenorte; Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de seguridad de EdeSur; Francisco Guarín Fernández Vásquez, exdirector de seguridad del Inaipi; Ramón Quezada Ortiz, del Departamento de Seguridad de EdeEste; Andrés Pacheco Varela, exencargado de seguridad de Edenorte; Wellington Peralta Santos, exasistente del encargado de seguridad del Inaipi; Luis Ernesto Vicioso Bocio, exdirector de seguridad de EdeEste, y Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar.
También fueron acusadas las empresas Servicios Senase y El Niño Prodigio EIRL, propiedad de Quilvio Bienvenido Rodríguez, así como Magestym Waste & Recycling Company SA y Magesty Recycling SRL, propiedad de Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez.
El expediente detalla sobornos por RD$108,080,359.92, exigidos y recibidos por los encargados de seguridad institucional de varias entidades públicas y otros funcionarios acusados.
La investigación de la Pepca, con apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, partió de una denuncia de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Las pesquisas establecieron que Senase pagó sobornos a funcionarios durante los períodos 2012-2020 y 2020-2025, mediante transferencias bancarias y entregas de efectivo, para asegurar la permanencia de sus contratos.
