
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– La incorporación de cuotas de candidaturas políticas para personas con discapacidad, mayores garantías de acceso al empleo, educación inclusiva, servicios de salud accesibles y mejores condiciones de infraestructura fueron algunos de los principales planteamientos presentados durante una vista pública celebrada este jueves en la Cámara de Diputados, como parte del estudio del proyecto que busca modificar y actualizar la Ley 5-13 sobre Discapacidad en la República Dominicana.
Durante el encuentro, organizado por la Comisión Permanente de Discapacidad de la Cámara de Diputados que estudia la iniciativa, su presidenta, Mirna López, destacó la importancia de escuchar directamente a las personas con discapacidad, sus inquietudes, experiencias y propuestas con fin de construir una legislación que responda a las necesidades actuales de ese sector.
López explicó que, tras 13 años de vigencia de la normativa resulta necesario adecuarla a la evolución de los diagnósticos y las distintas condiciones de discapacidad, así como fortalecer aspectos relacionados con la educación, la salud, la accesibilidad de las infraestructuras, las cuotas laborales y la disponibilidad de intérpretes en las universidades.
«Es un proyecto país y creemos que el Congreso ha asumido el compromiso necesario. Aspectos importantes como la educación, acceso a la salud, la reglamentación de las infraestructuras que no cumplan con ser amigables, las cuotas de empleo, que la universidad pueda garantizar intérpretes y la accesibilidad, que ellas personas son puntos importantes que trabaja esta actualización», manifestó la legisladora.
Comisión Permanente de Discapacidad de la Cámara de Diputados (Video: Lidia Pinales-END)
Entre las propuestas presentadas, José Ramón Montesino Villano, llamó la atención sobre la necesidad de garantizar el cumplimiento efectivo de la legislación vigente, al considerar que no basta con modificar la ley si sus disposiciones no se aplican en la práctica.
Asimismo, solicitó mayores recursos para el deporte adaptado, la inclusión de personas con discapacidad en los proyectos habitacionales del Estado y la creación de una cuota de candidaturas políticas que les permita participar en los espacios de representación y toma de decisiones.
«Que el Estado tome el ejemplo también de la Universidad del Caribe, que sin ningún tipo de responsabilidad nos otorga becas 100% a las personas con discapacidad. Que tomen ese ejemplo», expresó.
De su lado, Aida Hernández, representante de la comunidad sorda, expuso las dificultades que enfrentan estas personas para acceder a servicios esenciales y relató una experiencia vivida durante la pandemia, cuando la falta de intérpretes y mecanismos de comunicación accesibles dificultó la atención médica de su esposo.
En ese sentido, propuso garantizar intérpretes profesionales de lengua de señas en hospitales, tribunales, destacamentos policiales e instituciones educativas, así como implementar turnos visuales y señales luminosas de emergencia en los centros de salud y otros establecimientos.
También planteó fortalecer la educación bilingüe para personas sordas, adaptar programas de alfabetización y capacitación técnica, promover empleos dignos y establecer mecanismos de supervisión que garanticen el cumplimiento de la ley, con participación directa de las organizaciones de esta comunidad.
La vista pública permitió recoger propuestas de distintos sectores vinculados a la discapacidad, en un proceso que busca fortalecer el proyecto legislativo y procurar que la actualización de la Ley 5-13 se traduzca en mayores oportunidades, igualdad de derechos y una inclusión efectiva en la sociedad dominicana.
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