SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público afirmó este lunes que no existen motivos jurídicos válidos para retrasar el proceso seguido contra los implicados en una presunta red que distribuyó sobornos por más de RD$108 millones para obtener contratos de seguridad privada en instituciones públicas, luego de que uno de los acusados recusara al juez Deiby Timoteo Peguero.

La recusación fue interpuesta por Elías Caamaño Pérez, excoordinador de Seguridad Patrimonial de la Dirección Ejecutiva del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), ante el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, magistrado que en octubre pasado había dispuesto la separación de su expediente del proceso principal.

Al salir del tribunal, el fiscal litigante Ernesto Guzmán Alberto sostuvo que la acción busca dilatar un proceso que ya tiene audiencias pautadas y pidió a la Corte de Apelación desestimar el recurso.

«No hay ningún motivo jurídico válido para suspender o retrotraer un proceso que ya tendría sus audiencias. Esperamos que la recusación sea rechazada por la Corte de Apelación y que se ordene la continuación del presente proceso», declaró Guzmán Alberto.

En julio pasado, el Ministerio Público presentó acusación formal y solicitó apertura a juicio contra 14 personas físicas y jurídicas vinculadas a este entramado, tras una investigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección General de Persecución, iniciada a raíz de una denuncia de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig).

Según el expediente, la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral S.R.L. (Senase), representada por Quilvio Bienvenido Rodríguez González, pagó sobornos ascendentes a RD$108,080,359.92 mediante transferencias bancarias y entregas en efectivo durante los períodos 2012-2020 y 2020-2025 para asegurar la adjudicación y permanencia de contratos estatales.

Además de Caamaño Pérez y Rodríguez González, figuran entre los acusados Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Andrés Pacheco Varela, exencargados de Seguridad de Edenorte Dominicana; Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de Seguridad de Edesur; Francisco Guarín Fernández Vásquez, exdirector de Seguridad del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), y Wellington Peralta Santos, exasistente del encargado de Seguridad de esa misma entidad.

La acusación también incluye a Luis Ernesto Vicioso Bocio, exdirector de Seguridad de Edeeste; Ramón Quezada Ortiz, miembro del Departamento de Seguridad de Edeeste; Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y Miguelina Antonia Rosario Sánchez, así como las razones sociales Servicios Senase, El Niño Prodigio E.I.R.L., Magestym Waste & Recycling Company S.A. y Magesty Recycling

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